Las organizaciones Artículo 19 y la Red por los Derechos Digitales llamaron a las autoridades a investigar quién y bajo qué condiciones vendió el software Pegasus que habría sido usado para intervenir los teléfonos celulares de al menos 13 periodistas y defensores de derechos humanos.
Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, aseveró que desde ambas ONG consideran necesario que el Gobierno mexicano debe aclarar su relación con las empresas NSO, Balam Seguridad, Hacking Team o cualquier otra en la compra se software de espionaje.
“Es importante que el Gobierno, que el mismo (presidente Enrique) Peña Nieto ya reconoció la existencia de este software que transparente la adquisición y las instituciones que están desarrollando este tipo de inteligencia, porque tendrían que ser sólo las instituciones de seguridad”, comentó.
Después de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, ahora cualquier dependencia gubernamental puede realizar tareas de inteligencia y espionaje, por lo cual se hace más urgente la necesidad de transparentar quién tiene estas herramientas, añadió.
Ruelas recordó que desde la semana pasada, la Red por los Derechos Digitales presentó su informe “Gobierno Espía”, donde detalla que hay evidencia de que al menos 13 personas fueron blanco de espionaje o intento, por medio de 76 mensajes para infectar sus teléfonos celulares con Pegasus.
Sobre la investigación, la directora de Artículo 19 adelantó que los afectados preparan una estrategia jurídica que incluye la conformación de un grupo de abogados especialistas en derechos humanos y derecho a la intimidad, además de pedirle a la Procuraduría General de la República (PGR) la inclusión del estudio de la Universidad de Toronto al expediente.
“Estamos pidiendo que el análisis técnico y científico elaborado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto sea tomado como referencia para la investigación y que se pidan las sábanas de llamadas y las sábanas de mensajes de estas personas (las afectadas por el espionaje)”.
Frase
“Es muy importante que el Gobierno comprueba quiénes fueron (espiaron), cómo se hicieron las licitaciones, cómo fue el proceso contractual”
Ana Cristina Ruelas
Directora de Artículo 19 para México y Centroamérica