El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido en Guatemala en abril pasado, “es un preso más” en el sistema penitenciario de este país centroamericano, afirmaron autoridades guatemaltecas.
Duarte, quien en una audiencia judicial el pasado 27 de junio lució con sobrepeso, sonriente y hasta desafiante, permanece desde abril en el Centro de Detención Matamoros, espacio de una base militar de la céntrica zona uno capitalina cedido a las autoridades civiles.
El ex gobernador de Veracruz, “no goza de prebendas. Es uno más de los presos en Guatemala”, aseveró el vocero de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Rudy Esquivel, en entrevista.
“Duarte no tiene ningún tipo de prebendas, se somete a las normas y disposiciones ordenadas por un juez. No tiene ni más ni menos de los beneficios que la ley permite”, indicó el funcionario, quien aclaró que el ex político no se encuentra aislado ni bajo una vigilancia especial.
El trato “igualitario” excluye a Duarte de un menú a su antojo y consume los alimentos con un costo de 12 quetzales (1.6 dólares) por día, que se sirven a los más de 22 mil privados de la libertad de los 21 penales del país
“Es obligación del Estado brindar tres tiempos de comida diariamente. No son alimentos caros, es lo idóneo, servidos por empresas especializadas que como proveedores participan en una licitación pública”, señaló Esquivel.
Dijo que el menú para los “tres tiempos” consiste en pan, tortillas, huevo, café, atole, agua de frutas, “y una vez por semana una porción pequeña de carne blanca o roja”.
Indicó que el Centro de Detención Matamoros, que comenzó a funcionar en 2010 y en julio de 2016 se remozó completamente, fue diseñado para la reclusión de internos “altamente vulnerables”, enviados al lugar por orden de juez competente.
“La vulnerabilidad o peligrosidad de un interno la decide un juez, pero no implica beneficios. Son los mismos derechos y obligaciones para todos los reos, sometidos a un protocolo estricto por prevención y seguridad”, aclaró.
El Matamoros, en terrenos de la Brigada Militar del mismo nombre, tiene capacidad para 42 detenidos y “al día de hoy” cuenta con 33 presos (30 hombres y tres mujeres), de los que dos son extranjeros, incluido Duarte.
Explicó que por su “vulnerabilidad” o “peligrosidad”, Duarte y otros detenidos están recluidos en celdas “unipersonales” –que no comparten con otro preso- y al igual que el resto de la población del Matamoros salen a “una hora de sol” diariamente.
El vocero de la DGSP negó que se violen los derechos de los reos, como se quejó la defensa por las constantes requisas que se registran en la celda de Duarte.
“No se busca violentar derechos de los detenidos. Lo que señala el protocolo de manera estricta son las requisas, practicadas semanalmente, como parte de la prevención y seguridad”, apuntó Esquivel, quien dijo que en el centro de detención no se han producido motines ni víctimas.
Sobre las personas que visitan al ex gobernador veracruzano en su lugar de reclusión, dijo que “hay muchos datos que por reserva de información legal no se manifiestan de manera pública, no es que se oculten”.
Detalló que, previa orden de juez, las autoridades de la DGSP aprueban las visitas, que usualmente se limitan “al círculo familiar más cercano y a los asesores técnicos (abogados defensores)”.
El vocero puntualizó que las restricciones son parte de la seguridad, “para evitar escenarios de riesgo”, y que las medidas al interior del Matamoros “también son estrictas para todos los internos, no solo para Duarte”.
El funcionario aseveró que las autoridades del sistema penitenciario tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de Duarte, para lo cual se adopta el “protocolo adecuado” que “corresponden a una prisión de máxima seguridad”.
Según datos de la DGSP, Duarte es parte de un total de 650 extranjeros de 22 países que forman la población penitenciaria de 22 mil 133 personas -19 mil 914 hombres y dos mil 219 mujeres- recluidas en los 21 penales del país.
Duarte fue detenido con fines de extradición el pasado 15 de abril en el municipio de Panajachel, un centro turístico del occidental departamento de Sololá, a 150 kilómetros de la capital.
El pedido de extradición fue formalizado el 7 de junio por el gobierno mexicano, a fin de juzgarlo por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La segunda audiencia por este primer proceso, a cargo del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, está prevista para el próximo cuatro de julio.
El pasado 27 de junio, en la primera audiencia del segundo proceso de extradición, Duarte fue notificado “del requerimiento por los delitos estatales” de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición en agravio del gobierno de Veracruz.
jram