La alternancia que se dio en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz no ha rendido los frutos esperados por las sociedades de esos tres heridos estados.
Sus tres ex gobernadores –César Duarte, Roberto Borge y Javier Duarte, los dos últimos detenidos- tienen cuentas pendientes con la justicia, derivadas del manejo patrimonialista que le dieron al poder.
Quienes los sustituyeron –Javier Corral, Carlos Joaquín y Miguel Ángel Yunes- fundamentaron sus campañas políticas en la promesa de llevar a la cárcel a sus antecesores y en recomponer “el tejido social’’.
Pero ya está visto que tener en la cárcel a los ex gobernadores –sólo César Duarte no ha sido detenido, aunque ya hay orden de aprehensión en su contra- no resuelve los problemas de las entidades.
Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz están siendo azotados por una ola de violencia que, por lo menos en los dos primeros estados, no ocurrió en el sexenio pasado.
El panista Corral ha dedicado buena parte de su mandato a litigar en medios los problemas que le dejó Duarte y a culparlo por la ola de delincuencia que abarca todo el territorio del llamado “estado grande’’.
Con Carlos Joaquín, el asunto es similar.
Cancún y Playa del Carmen se han convertido en centro de disputa de los cárteles de la droga sin que el Gobierno estatal haya podido reaccionar como la situación lo demanda.
Una amiga que la semana pasada estuvo de vacaciones en Cancún se mostró extrañada por la cantidad de negocios cerrados y por las recomendaciones que los trabajadores del hotel le hacían cada que la veían a punto de tomar un taxi o un colectivo.
A ello súmele el impacto, incipiente si quiere, que ha tenido la información sobre la violencia en este sitio turístico que ya comienza a pagar en números las acciones y omisiones de su gobierno.
Veracruz es cosa aparte.
Échele un ojo a las estadísticas que mensualmente reporta el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad para que vea que aun con Javier Duarte enjaulado, la delincuencia sigue creciendo.
Si los supuestos salvadores no pueden, ¿a quién se debe encomendar la ciudadanía?
Si alguien debe llevarse la medalla al mérito de la lealtad, ése debe ser Martí Batres… a pesar de los desaires que ha recibido de su tutor, Andrés Manuel López Obrador.
En septiembre de 2011, el entonces jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, despidió a Batres como secretario de Desarrollo Social por criticarlo al haber acudido al Quinto Informe de Gobierno de Felipe Calderón.
Un grupo de perredistas con posiciones de mando lo arroparon; López Obrador no lo defendió, pero le hizo la promesa de hacerlo candidato a la delegación Iztapalapa… promesa que no le cumplió.
Luego Batres, ya con Morena, se erige como presidente del partido, pero… para justificar la promoción de López Obrador a nivel nacional, lo rebajan a presidente de Morena en el DF…
Ya como presidente de Morena DF, López Obrador le impone a su hijo como delegado especial, el que toma las decisiones, pues, con el que Batres no se puede pelear porque es el hijo del patrón.
Aun así, Batres quiere ser candidato a la Jefatura de Gobierno.
Eso es lealtad. ¿O no?
aarl