CARACAS.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró ayer que está en marcha un “golpe de Estado” más “grotesco” que el perpetrado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002 por parte del empresario Pedro Carmona y afirmó que, al igual que entonces, se están disolviendo los poderes públicos.
La fiscal, quien hasta marzo había sido una funcionaria confiable para el chavismo y el presidente Nicolás Maduro, ahora enfrenta un juicio ante el Tribunal Supremo de Justicia que podría llevar a su destitución.
Desde la sede la Fiscalía, anunció que no asistió a la audiencia realizada ayer en el Tribunal al considerar que no ha cometido delitos y que el máximo tribunal es “ilegítimo” y un brazo ejecutor del Ejecutivo para disolver los poderes.
Señaló que desconocía la legitimidad del TSJ para impulsar el proceso en su contra y aseguró que la decisión ya está “cantada”.
Sin Ortega, el TSJ dio inicio a la audiencia, dando paso a los alegatos del diputado oficialista Pedro Carreño, quien la acusó de haber cometido “faltas graves” y de haberse sumado a los grupos opositores que buscan derrocar al Gobierno.
En el proceso, los magistrados del TSJ escucharon los argumentos de los acusadores y de un defensor público.
Intervinieron Carreño, el defensor del pueblo, Tarek William Saab; el contralor general, Manuel Galindo, y el defensor público Javier Hernández, en representación de Ortega.
Tras los argumentos, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, anunció el fin de la audiencia y señaló un lapso de cinco días para tomar la decisión.
Carreño insistió en su acusación de que la fiscal le mintió al país al negar que firmó un acta que avaló la designación en diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional (Congreso), entonces de mayoría oficialista, de 13 magistrados del TSJ que ahora son cuestionados por Ortega.
La fiscal rechazó que haya cometido delito y recalcó que no se someterá a este TSJ “inconstitucional e ilegítimo”.
“Este es un fraude procesal, vergonzoso con el que se pretende intimidar a la fiscal”, recalcó y calificó su eventual destitución con un golpe de Estado.
Alegó que sus “faltas” han sido defender la Constitución, como cuando a fines de marzo denunció una ruptura del orden constitucional con dos sentencias del TSJ que despojaron de sus atribuciones a la Asamblea, lo cual ratificó ayer.
Previamente, el TSJ declaró nula la designación por parte de Ortega del vicefiscal Rafael González y designó para el cargo a la defensora pública Katerine Nayarith Harrington, de 46 años.
Harrington es una de los siete funcionarios del Gobierno sancionados por Estados Unidos por presuntas violaciones a los derechos humanos en 2015.
La Sala Constitucional dijo que la designación de Rafael González como vicefiscal era nula, así como su ratificación, que fue hecha el lunes por la Asamblea Nacional, que es acusada por el TSJ de desacato.
aarl