La amplia disponibilidad de productos piratas y falsificados tanto en mercados físicos como virtuales en México representa uno de los obstáculos para el comercio de los Estados Unidos, advierte un reporte del Departamento de Estado de ese país.
El Diagnóstico sobre el Clima de Negocios en México, realizado por la Oficina de Asuntos Económicos y de Negocios de esa entidad señala que en cuatro años, la actual administración “ha dedicado mucho tiempo y capital político a revisar múltiples sectores industriales en México, pero no se ha centrado en reformas similares en el ámbito de la propiedad intelectual”.
En particular, precisa, está pendiente la reforma legislativa para otorgar a las autoridades aduaneras la facultad de confiscar de oficio mercancías en tránsito sospechosas de piratería y falsificación y “hay reticencia por parte del gobierno a abordar seriamente estas cuestiones”.
El gobierno mexicano, agrega el reporte, creó la Unidad de Delitos de Propiedad Intelectual Digital en octubre de 2015, y los niveles de competencia de sus fiscales mejoraron, pero esta instancia fue desmantelada en diciembre de pasado.
La legislación mexicana tampoco aborda de manera adecuada los nuevos métodos de distribución digital como el streaming y la transferencia de archivos a través de redes peer-to-peer (persona a persona). La industria, indica el informe, ha cuestionado que las autoridades mexicanas no han investigado adecuadamente estos crímenes y la falta de experiencia técnica del Poder Judicial en estos casos.
“Algunos expertos señalan que el gobierno mexicano ve un ´costo´ político para combatir este tipo de ilícitos, mientras que los delitos violentos quedan sin resolver.
El diagnóstico advierte que a medida que aumenta el acceso a la banda ancha los crímenes digitales de propiedad intelectual estarán a la vanguardia, sin embargo el Gobierno de México se concentra en bienes duraderos y no en delitos en línea.
Además de las lagunas legales, el informe del gobierno estadounidense indica que otros obstáculos para el combate de estos crímenes en México son la falta de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, procesos judiciales engorrosos y prolongados, así como la “amplia aceptación cultural de la piratería y la falsificación”.
El informe pone el acento en que la participación de las organizaciones criminales transnacionales, que controlan la piratería y los mercados de falsificación en México, muestra el vínculo entre los delitos que atentan contra los derechos de propiedad intelectual y el tráfico ilícito de otros productos de contrabando, como armas y drogas.
aarl