No obstante que hace un año se implementaron reformas y se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, el escenario nacional no es el más óptimo. El tema de la corrupción sigue siendo un grave problema, los datos así lo revelan. De acuerdo a Transparencia Internacional, de un total de 176 países analizados, México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción, pasando del lugar 95, que ocupaba en 2015, al lugar 123, en la medición de 2016.

 

Por su parte el INEGI, en la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, menciona que ocho de cada 10 empresas en México perciben actos frecuentes de corrupción por parte de servidores públicos. Entre las principales causas que propician los actos indebidos, según ese estudio, se encuentran agilizar trámites, evitar multas para obtener licencias o permisos y con el fin de evitar la clausura del establecimiento.

 

Por otra parte, para José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, “las personas ya están cansadas de las promesas vacías de políticos que aseveran que combatirán la corrupción, por lo que muchos optan por apoyar a políticos populistas, quienes aseguran podrán cambiar el sistema y terminar con el ciclo de corrupción y prebendas. Sin embargo -dice Ugaz-, lo más probable es que esto no haga más que agudizar el problema”.

 

La corrupción no sólo es un tema de dinero, tiene que ver con la seguridad, la inversión económica, la pobreza, la educación, la salud y en general con la vida cotidiana de las personas. Lo que también es importante observar es que no sólo resultan temas mediáticos o judiciales, sino que impactan negativamente a los ciudadanos, a quienes se les impone la carga de padecer las consecuencias.

 

Los escándalos de sobornos, en donde aparecen involucrados políticos de primer nivel, han sido la constante en los últimos años. Lo que ha motivado la conformación de grupos de la sociedad civil que se movilizan en contra de la impunidad y de los actos de corrupción. El saldo positivo de esa movilización es que exista mayor visibilidad pública y una menor tolerancia social, dos elementos que han sido útiles para reforzar el entramado legal y hacer frente a la corrupción.

 

Con la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción se han dado los primeros pasos, aunque a un año de vigencia sus avances parecen insuficientes. En ese instrumento se ordena que las entidades del país deben realizar las adecuaciones a sus normas locales para hacerlas armónicas con la Ley General. A partir de esa base legal, es como la VII Legislatura se dispone a cumplir, en los siguientes días, para que la CDMX cuente con un marco normativo de avanzada como corresponde a una urbe como la nuestra.
La erradicación de la corrupción sólo se podrá lograr con el concurso, participación y compromiso de todos los que habitamos esta gran metrópoli. Es crucial que cambiemos la mentalidad. No debemos aceptar la corrupción como algo inherente a la sociedad. El costo humano de la corrupción es enorme. Es momento de enfrentar sus nocivos efectos.

 

aarl