Llevamos semanas debatiendo si el Nuevo Sistema de Justicia Penal está operando correctamente o si, en su defecto, requiere una contrarreforma o sólo unos ajustes a ciertos artículos que podrían endurecer los delitos y con ello ampliar la prisión preventiva para más ilícitos.
Sin embargo, a un año de su implementación, no se habla de los organismos o autoridades que no han cumplido con la puesta en marcha del nuevo sistema y que son los responsables de que no esté funcionando al cien por ciento.
Se dice que gracias a dicho sistema penal, más de cinco mil personas detenidas han salido en libertad por no haber cometido un delito grave. Sin embargo, no se habla de la mala integración de las carpetas de investigación o de la inadecuada integración de los informes homologados o, incluso, de los constantes retrasos en las puestas a disposición ante el Ministerio Público.
Tampoco se ha informado por qué no se concluyó con la capacitación de todos los elementos policiacos que arman mal sus expedientes. Si sumamos todo esto, los presuntos delincuentes no están saliendo en libertad tan sólo porque los delitos por los que son consignados no son graves, sino por la omisión de diversas autoridades al no haber concluido los procesos de toda la implementación.
Hace un año había un déficit de necesidad de capacitar a más de 400 mil policías, pero la instancia encargada de hacerlo desapareció. Al dejar de operar por decreto constitucional la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, el Consejo Nacional de Seguridad aprobó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fungiera como una instancia tripartita coordinadora de la consolidación del sistema penal.
Eso ocurrió el 30 de agosto de 2016; casi un año después el Secretariado Ejecutivo no se ha pronunciado sobre los informes y evaluaciones que tenía que hacer de acuerdo a lo estipulado por la ley, y a la fecha no se ha pronunciado en este debate.
Otro elemento que ha fallado en lo federal y en los estados es la creación de las llamadas unidades de supervisión de medidas cautelares; sólo cuatro estados las crearon.
Justo cuando inició este debate, la Comisión Nacional de Seguridad salió a través de su titular, Renato Sales, a decir que se requiere modificar artículos del Código Penal. Sin embargo, no explicó por qué su dependencia no ha creado estas unidades.
En un documento de transparencia, la CNS detalla que sobre el proceso de instalación de la Autoridad Federal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión, ésta no fue creada por los recortes presupuestales en todos los sectores; “no obstante, la Secretaría de Gobernación, a través del CNS, ha realizado las acciones necesarias para avanzar en su proceso de instalación”.
Acciones que se pusieron en marcha apenas el 26 de junio de este año, fecha en la que Renato Sales instruyó al comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, comenzar el proceso de instalación de unidades de evaluación de Riesgo Procesal o Supervisor de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Actualmente se cuenta con 140 plazas disponibles para ser evaluadores; la pregunta es ¿por qué no han contratado a nadie?
caem