La atención de todos los políticos estará puesta hoy en la reunión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

 

Y es que hoy, los muchachos de Lorenzo Córdova decidirán si el reporte de la Comisión de Fiscalización del INE, en donde se indica que tanto el PAN como el PRI rebasaron los topes de campaña en Coahuila, es consistente y suficiente para anular la elección en ese estado.

 

Cuatro días consecutivos estuvo el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, en reuniones con los consejeros del INE para presentarles pruebas de que su candidato y virtual ganador, Miguel Ángel Riquelme, no rebasó el tope de campaña (19.2 millones de pesos), pese a lo reportado por la Comisión de Fiscalización.

 

De acuerdo a dicha Comisión, el candidato del PRI rebasó en 31% dicho tope, en tanto que el panista Guillermo Anaya lo hizo con 26%, porcentajes muy superiores a 5%, que establece la ley como causal de anulación de la elección.

 

Al PAN no le preocupa la anulación; por el contrario, la promueve, pero al PRI sí le generaría un problema, debido a que la propia legislación establece que, en caso de ser anulada, Riquelme ya no puede participar en una nueva elección.

 

Además, evidentemente, está en juego el futuro político de Ochoa Reza que presumía de haber ganado el Estado de México y Coahuila, entidades –sobre todo la segunda- que ya se hacían en manos de la oposición.

Al interior del INE, las posiciones están divididas, pero sólo hace falta una mayoría simple para dar por bueno el reporte de fiscalización para determinar la anulación y que el caso sea llevado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá la última palabra.

 

Sea cual fuere la decisión de los órganos electorales, habrá consecuencias en ambos partidos.

 

 

Con eso de que el Senado ha sido duramente criticado por no haber nombrado a estas alturas del año al fiscal anticorrupción, algunos legisladores van definiendo posiciones.

 

Ya el priista Miguel Romo dijo que su bancada está dispuesta a la negociación inmediata para sacar el nombramiento.

 

Y ayer, la senadora panista Marcela Torres Peimbert reiteró lo que dijo su coordinador Fernando Herrera: que el PAN “no se dejará presionar’’.

 

Está claro que al blanquiazul no le corre prisa para la designación de tan importante funcionario, pese a las renuncias de los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano y de los Consejeros del ramo, que nomás no ven claro por qué el nombramiento se ha empantanado.

 

Saque usted sus conclusiones.

 

 

La seguridad se le está yendo de las manos al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

 

No sólo por la masacre ocurrida ayer en Tizayuca, donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas siete mujeres, sino porque la entidad ha caído del primero al cuarto lugar en el índice de seguridad que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad a través del Instituto para la Economía y la Paz.

 

Eso debe decirle algo al gobernador Fayad, que insiste que en el estado “no hay cárteles’’.

 

¿Dónde habremos escuchado eso antes?

 

 

caem