Sin duda, la semana pasada será recordada por todos los empresarios, políticos y funcionarios que estuvieron, en su momento, a favor y en contra de la reforma energética, llevada a cabo por la actual administración, luego de que pasaran ocho décadas para permitir a empresas privadas participar en el sector mexicano de hidrocarburos.

 

Basta recordar la mitad del año 2015, cuando diversas voces se apresuraron a señalar que la escasa participación de la iniciativa privada en la primera subasta de la Ronda Uno había demostrado que la apertura del sector petrolero mexicano era un fiasco, culpando a personajes centrales para la reforma en aquel momento como los secretarios Luis Videgaray y Pedro Joaquín Coldwell, y más aún al presidente Enrique Peña Nieto.

 

Pero lo ocurrido estos días ha callado muchas bocas, sin duda; tal fue el megahallazgo llevado a cabo por las firmas Sierra Oil and Gas, Talos Energy y Premier Oil, las cuales descubrieron en un campo licitado en 2015, un yacimiento que ya es considerado como el quinto mayor depósito de crudo ligero encontrado a nivel mundial en los últimos cinco años, con reservas de entre mil 400 millones y dos mil millones de barriles.

 

Una muestra más es que el miércoles pasado se anunció que las rondas de licitaciones 2.2 y 2.3 de contratos en bloques terrestres concluyeron con un resultado que superó todas las expectativas, ya que se colocaron 21 de los 24 campos ofertados, buena noticia para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), a cargo de Carlos Zepeda, pues este concurso significará inversiones por más de dos mil millones de pesos.

 

Señal pirata

 

En 2016, los 172 sitios pirata más grandes en idioma español recibieron un billón de visitas desde el territorio mexicano, lo que representa 10 veces más que las recibidas por un sitio oficial de descargas. De estos 172, hay al menos 106 sitios de piratería audiovisual que reciben más de un millón de visitas al año, también desde México. La principal modalidad de consumo de piratería audiovisual en línea es el streaming, lo que promueve una competencia desleal contra sitios legítimos como Netflix, ClaroVideo y Blim, entre otros, algo que confirma Motion Picture Association.

 

¿Pero por qué le digo todo esto? Porque a nuestro país le urge implementar políticas públicas tendientes a fortalecer los derechos de propiedad intelectual y generar los incentivos adecuados para promover nuevas oportunidades que se vean reflejados en la creación cultural, a través de un marco jurídico que genere las condiciones para que el consumo de bienes en este sentido pueda realizarse en un ambiente de respeto a los derechos y generen certidumbre a los ciudadanos consumidores y creadores que interactúan en todo momento a través de la Internet.

 

Por ello urge que en el próximo periodo de sesiones de la 63 Legislatura se debata a fondo este tema para fortalecer el Estado de Derecho de quienes confían en este sector en el país, para que existan menos casos penosos como el de Roku, del que le hemos dado cuenta, o el llamado Kodi, porque de no hacerlo no sólo se perderán empleos, sino también la confianza en las instituciones encargadas de velar por las garantías legales a las que todos los ciudadanos tenemos derecho.

 

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caem