Datos del UNICEF estiman que más de 16 mil niños se encuentran sometidos a esclavitud sexual.
En diciembre del año 2000, representantes de 147 países, incluido México, firmaron en Italia la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este instrumento internacional prevé la adopción de un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños.
Para entender la magnitud de este problema, es importante contar con una definición de trata de personas: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño o abuso de poder, a alguna situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Las víctimas de este delito, además de sufrir el ataque a su dignidad y la violación de sus derechos humanos, padecen diversas consecuencias, entre las que destacan las derivadas de la explotación sexual, que tiene el mayor impacto y efectos devastadores en su salud mental, física y emocional. De manera particular, las secuelas físicas y psicológicas para los menores de edad que han sido víctimas de ese tipo de explotación afectan profundamente el desarrollo de su personalidad, dejando de lado la construcción de las herramientas formativas, educativas, afectivas y sociales necesarias para una vida individual y colectiva saludable.
En suma, la trata de personas es una expresión brutal, descarnada e inhumana de esclavitud moderna, que lo mismo sucede en grandes urbes de países desarrollados que en cualquier ciudad de la periferia del mundo. La ausencia del Estado de derecho y de la intervención de las autoridades permite que los flujos de comercialización de los esclavos sexuales transiten impunemente de país en país.
En México, este azote causa profundas y amargas heridas. Es tan cínica su existencia que hay ciudades, regiones y hasta estados que han hecho de esta actividad un nicho ocupacional y económico, entre ellos destaca Tlaxcala, donde la trata de personas se practica a la luz del día por familias enteras involucradas, como si se tratara de una ocupación normal y parte de un negocio familiar.
Si bien es cierto que factores como el crimen organizado, la ausencia de Estado de derecho, la corrupción y la impunidad han permitido el crecimiento de esta actividad, también lo es que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres —principalmente— en la sociedad, y que estos elementos integran una cultura permisible que se debe transformar, como condición necesaria para lograr la erradicación de este terrible delito.
caem