Caracas.- La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentó ayer un “acuerdo de gobernabilidad” para un eventual “gobierno de unión nacional”, que esa corriente política espera que se establezca una vez que el actual Presidente, Nicolás Maduro, salga del poder.

 

La presentación de este documento se produce cuando han pasado tres días de una jornada de consulta popular en la que 7.4 millones de venezolanos manifestaron su rechazo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa Maduro para cambiar la Carta Magna, prevista para el 30 de julio.

 

Además, el acuerdo se presenta en medio de una ola de protestas antigubernamentales que ya tienen más de 100 días y han dejado 96 fallecidos, y que parece tomar un rumbo descontrolado pues las últimas manifestaciones han surgido de forma espontánea sin recibir el respaldo de la MUD.

 

La alianza presentó el documento de gobernabilidad en un acto en el que estuvieron presentes los principales dirigentes opositores y en el que el texto fue leído por el exjefe del Parlamento, el diputado Henry Ramos Allup.

 

En este acuerdo, en el que se apuesta a la “justicia social”, la MUD se compromete a atender, en primer lugar, “la aplicación de un plan de acción inmediata a la crisis humanitaria con énfasis en alimentación, abastecimiento, precios, salud, medicamentos y atención”.

 

Asimismo, se aseguró que el “gobierno de unidad” abordará “de inmediato” el problema de la inseguridad y la “delincuencia desatada” en Venezuela, con un “plan efectivo profesional” que entre sus medidas incluirá el “saneamiento” de la fuerza pública y “el desarme y desarticulación de los grupos paramilitares“.

 

Ramos Allup señaló después de la presentación del acuerdo que el próximo Presidente será elegido a través de primarias, y quien sea electo deberá renunciar a su derecho a la reelección inmediata.

 

La anulación de la elección para una Constituyente sería un “gesto magnifico” que invitaría al diálogo con el Gobierno de Maduro, dijo Ramos Allup en nombre de la oposición venezolana.

 

En tanto, la oposición venezolana mantiene su convocatoria para hoy jueves a un “paro cívico” nacional de 24 horas con el fin de aumentar la presión sobre Maduro para que retire su propuesta de realizar una Constituyente.

 

Sin embargo, las acciones se adelantaron ayer, ya que los transportistas iniciaron una inesperada huelga para exigir aumento a las tarifas del pasaje, realizaron bloqueos de vías y a ellos se sumaron protestas encabezadas por el movimiento estudiantil.

 

Al respecto, el Gobierno venezolano y la IP se confrontaron, ya que el ministro de Trabajo, Néstor Ovalles, tildó de “irresponsable” el llamado al paro al que se han plegado sectores empresariales y obreros.

 

El chavista consideró que esta suerte de huelga no tiene asidero legal pues responde a motivos de índole político.

 

Antes, la mayor patronal del país Fedecámaras cuestionó el proceso constituyente y consideró que la llamada revolución bolivariana pretende con este mecanismo transformar Venezuela en un “Estado comunista“.

 

Por su parte, la Confederación de Industriales del país caribeño (Conindustria) señaló que sus filiales operarán durante el jueves aunque respetarán la decisión de los trabajadores de sumarse o no al paro cívico “sin que esto tenga consecuencias de ningún tipo”.

 

Rechazan injerencia

La presidenta del Poder Electoral venezolano, Tibisay Lucena, rechazó ayer todo intento de “injerencia extranjera” en la Asamblea Constituyente convocada por el Gobierno de Nicolás Maduro, un proceso objetado por la oposición y la comunidad internacional.

 

Indicó además que el órgano estatal está “evaluando las medidas adicionales de seguridad” para garantizar el ejercicio efectivo del voto “sin riesgo”.

 

En los últimos días varios representantes de la comunidad internacional, entre ellas la Unión Europea y EU, manifestaron su rechazo al proceso impulsado por el gobierno chavista.

 

El pasado lunes, la Casa Blanca amenazó con “fuertes ” sanciones económicas contra Venezuela si el Gobierno de Maduro sigue adelante con sus planes para la Constituyente.

 

En tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció ante el Senado de EU el “colapso de la democracia” en Venezuela y subrayó que además el Gobierno está conformado por “una estructura de narcotráfico“.

 

Almagro expuso que las sanciones económicas contra ciertos individuos del Gobierno venezolano serían una ayuda más para acabar con la “dictadura” de Maduro.

 

caem