El Ministerio Público (Fiscalía) de Venezuela solicitó ayer ante un tribunal del país anular la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida el pasado domingo y ha sido rechazada por la oposición y la comunidad internacional.
A través de su cuenta en la red social Twitter, el organismo indicó que dos fiscales solicitaron la medida ante un tribunal de control, un día antes de que se instale ese cuerpo que tendrá poderes ilimitados para redactar una nueva Constitución y reformar el Estado sin que ninguna institución pueda oponerse.
“El requerimiento de los fiscales se basa en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral”, agregó la Fiscalía en otro mensaje. La institución también pidió el resguardo del material electoral utilizado el 30 de julio.
La Fiscal Luisa Ortega Díaz anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre la presunta manipulación de los resultados de la votación, que implica a cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño.
Según el CNE, 8 millones de personas -el 41.5% del censo- participaron el domingo en una jornada de votación que estuvo marcada por las protestas y la muerte en disturbios de al menos diez personas.
Sin embargo, Antonio Múgica, consejero delegado de Smartmatic, compañía que instaló unas 24 mil máquinas de voto electrónico en Venezuela, afirmó el miércoles que las cifras oficiales sobrestiman el número de ciudadanos que acudieron a las urnas en al menos un millón de votos.
Ortega ha rechazado la elección de la ANC por considerarla una “ambición dictatorial” del chavismo y ha denunciado que debía “ser convocada por el pueblo” y no por el presidente Maduro, lo que la ha convertido en una de las voces más críticas a este proceso.
La oposición venezolana aplazó la movilización ciudadana que había convocado ayer contra la instauración de la Constituyente, luego de que Maduro anunciara el miércoles que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se hará el viernes y no el jueves como habían adelantado otras voces del oficialismo.
Los 545 integrantes de la Constituyente tienen previsto tomar posesión en la misma sede del poder legislativo en la que opera el Parlamento, de mayoría opositora, que no reconoce a esta Asamblea impulsada por el oficialismo para reordenar el Estado y fortalecer de esta forma la revolución chavista.
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tomó el control del Salón Elíptico -parte del Palacio Legislativo Federal donde opera el Parlamento- para empezar a trabajar en la seguridad de la ceremonia de instalación de la Constituyente.
La esposa de Maduro y miembro de la Constituyente, la “primera combatiente” Cilia Flores, y otras figuras destacadas del oficialismo han pedido al “pueblo” que acompañe a los integrantes de esta asamblea a su toma de posesión al Palacio.
Esto podría provocar que coincidan las movilizaciones del chavismo gobernante y de la oposición, que también ha pedido a sus seguidores que se vayan a la sede legislativa.
Desconocen situación de Leopoldo López
Lilian Tintori, esposa del político preso venezolano Leopoldo López, aseguró ayer que los abogados de su marido no han podido ingresar a la cárcel militar donde se encuentra recluido, luego de que fuese detenido el martes por el servicio de inteligencia tras serle revocado el arresto domiciliario.
“El régimen no permite que los abogados entren a ver a Leopoldo. No sabemos cómo está, nadie lo ha visto #DDHH“, dijo Tintori en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, al tiempo que señaló que lleva 58 horas “sin saber nada” de su esposo.
“Desde que la dictadura se lo llevó, no sabemos nada de él”, agregó sin ofrecer más detalles.
En tanto, la familia del opositor Antonio Ledezma denunció ayer que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) “podría allanar” su residencia y dejar allí “pruebas falsas” para acusarlo de un intento de fuga de la vivienda, donde cumplía arresto domiciliario hasta el martes pasado.
Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, y Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, se encontraban en arresto domiciliario después de pasar dos meses y más de tres años, respectivamente, en la prisión militar de Ramo Verde.
El martes pasado ambos fueron detenidos y encarcelados de nuevo. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano argumentó que “se recibieron por fuentes de inteligencia oficial información que daba cuenta de un plan de fuga”.
caem