De 2013 a 2016, se destinaron 18 mil 705 millones de pesos para la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que representa el 89.2 por ciento de los recursos programados dentro de los ocho años de implementación.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, presentó a organizaciones de la sociedad civil un informe de avances para la consolidación de dicho Sistema.
Abundó que ello significa que nueve de cada 10 pesos de los recursos federales asignados a la implementación del mencionado sistema fueron hechos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
“Tan solo en 2017, el monto de recursos federales para impulsar el Sistema de Justicia Penal asciende a más de mil millones de pesos”, señala.
El documento destaca que de octubre de 2016 a junio de 2017 se capacitó a 247 mil 403 operadores.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que a fin de cumplir con lo instruido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo desarrolló un Plan de Trabajo para 2017, con base en 10 acciones focalizadas.
Destacó que paralelamente se está trabajando en una Estrategia Integral de Consolidación, y como parte de los esfuerzos realizados destacan el desarrollo de los modelos homologados de Unidades de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, y el de Policía en Funciones de Seguridad Procesal, así como la actualización del Programa Rector de Profesionalización, entre otros.
En materia de recursos, para 2017, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), se convinieron 452.9 millones de pesos para capacitar a 155 mil 455 elementos policiales en diversas materias de este sistema, por citar algunas.
También se acordaron recursos para fortalecer varios órganos y unidades del sistema orientados a equipamiento, infraestructura y capacitación; y recordó diversas reuniones y foros realizados en el país, a fin de sumar esfuerzos coordinados entre los diferentes responsables de la operación del Sistema de Justicia Penal.
Dichas acciones han permitido, entre otras cosas, estrechar lazos de colaboración con los poderes legislativo y Judicial federal, así como las entidades federativas, las embajadas de Estados Unidos y Canadá, la representación de la Unión Europea, e integrantes de la sociedad civil.
Destacó la importancia de que en la etapa de consolidación del Sistema de Justicia Penal se continúe trabajando de forma coordinada entre los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, así como con la sociedad civil, por lo que “es necesario acabar con vicios heredados del viejo sistema y garantizar el respeto a los derechos humanos”.
fgr