La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) propuso que las personas sentenciadas o procesadas en libertad cuenten con una identificación oficial para evitar su exclusión y discriminación.
La actual legislación mexicana considera la pérdida de derechos político-electorales de los ciudadanos encarcelados, con libertad condicional o anticipada, así como de quienes llevan su proceso penal fuera de la reclusión.
Por lo cual, la CNDH emitió un pronunciamiento donde “reconoce la necesidad de que las personas procesadas o sentenciadas penalmente, que estén en libertad, cuenten con una identificación con validez oficial, que les permita ejercer su derecho a identificarse, en igualdad de circunstancias con cualquier otra persona, para que puedan llevar una vida de inclusión social y sin factores de discriminación”.
Con sus derechos políticos-electorales suspendidos, los ciudadanos en ese status son dados de baja del Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral, por lo cual, están impedidos para tramitar una credencial de elector, ejercer su sufragio en comicios, participar cómo candidatos, entre otros.
La propuesta de la CNDH contempla que sigan con sus derechos suspendidos pero cuenten con un documento oficial para fines de identificación.
La CNDH señaló que las acciones de las autoridades en materia de justicia penal y penitenciaria no pueden ser contradictorias con el principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en el Artículo 1 constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos.
Ello, añadió, porque afectan el ejercicio de derechos que no deben ser suspendidos ni limitados a ninguna persona, incluidas aquellas que se encuentran vinculadas a proceso o en la ejecución de una sentencia penal en libertad.
caem