El 2 de julio de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, una reforma a los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y al inciso C de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo al artículo 18 reformado, la Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.
Con motivo de la reforma constitucional referida, el 16 de junio de 2016 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual es aplicable en todo el país a quienes se les atribuya la realización de una conducta que se encuentre tipificada como delito por las leyes penales y, en su caso, leyes especiales, y se encuentren en el rango de edad de entre 12 años cumplidos y menos de 18. Esta ley garantiza los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los específicamente reconocidos a los menores de edad, asimismo, va en total concordancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta norma no admite visión tutelar, sino consolida una garantista, ya que pone a los adolescentes como sujetos de derechos. Hoy, más que nunca, la persona, sin importar su edad pero sí, conforme a ella, debe irse educando en sociedad a través del desarrollo gradual de su individualidad, enfrentando todas y cada una de sus pequeñas y grandes oportunidades que le ofrece la vida.
El proceso en materia de justicia para adolescentes es acusatorio y oral basado en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en el que se observa la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.
La actuación de los operadores de este nuevo Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes va orientada a proteger el interés superior del menor e impone la obligación de que las autoridades del sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes en el ámbito de sus atribuciones, ya sea jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, etcétera.
Para dar el debido cumplimiento a esta obligación, y a fin de contar con personal debidamente capacitado para actuar en este sistema integral, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través del Instituto de Formación Profesional, ha implementado cursos de Especialización en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por medio de los cuales se han capacitado a agentes del Ministerio Público, policías, asesores jurídicos y próximamente certificaremos a los facilitadores.
La Procuraduría capitalina refrenda su compromiso con la ciudadanía de contar con el personal debidamente capacitado, que permita brindar una atención eficiente y eficaz en la investigación y persecución de los delitos.
Mtro. Juan José Olea Valencia.
Coordinador general del Instituto de Formación Profesional y secretario ejecutivo del CCISJPCDMX.
joleav@pgj.cdmx.gob.mx