El rector Alejandro Vera Jiménez actuó dolosamente y ha sido omiso en el manejo de recursos tanto federales como estatales, comprometiéndolos como pago de un rédito irregular.
El titular de la Secretaría de Hacienda, Jorge Michel Luna anunció que ante las irregularidades visibles en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se dará cuenta a la Fiscalía General del Estado para que proceda conforme a derecho.
Explicó que los subsidios federales y estatales que corresponden a la Máxima Casa de Estudios se han venido pagando en tiempo y forma de acuerdo al Presupuesto de Egresos, los cuales al día de hoy suman 336 millones 221 mil pesos de participaciones estatales y mil 47 millones de pesos por aportaciones federales. La UAEM ha recibido más de mil 383 millones de pesos.
Jorge Michel recordó que en el mes de julio de 2014, la rectoría de la UAEM celebró ilegalmente por no contar con la aprobación del Congreso del Estado, un crédito con el Banco Interacciones por la cantidad de 600 millones de pesos para obras e infraestructura, mismo que incluso compromete a la siguiente administración universitaria.
Así existieron violaciones al artículo 117 de la Constitución Federal, y 40, fracción X, inciso b, de la Constitución de Morelos, al no haber obtenido del Congreso del Estado la autorización para contratar empréstitos que comprometen los subsidios estatales, así como el artículo 79 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos vigente en esa fecha.
El secretario de Hacienda de Morelos, detalló que se quebrantó por igual el artículo quinto del decreto 1222, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre del 2014, en el que expresamente se sujeta la contratación de créditos a la aprobación del Congreso del Estado.
Se infringe además lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la propia UAEM, que obliga a que como organismo público autónomo cumplir con la rendición de cuentas y garantizar el acceso a la información a sus integrantes y a la sociedad.
Michel Luna expresó que la autonomía universitaria no impide la fiscalización por parte de los órganos competentes de los subsidios que se otorguen a las universidades públicas, pues tienen por fin verificar su funcionamiento y el cumplimiento de sus fines.
“Tal revisión no significa intromisión a su libertad de auto gobierno, sino que la verificación tiene el propósito de que, efectivamente, las aportaciones que reciben del pueblo se destinaron a los fines para los que fueron otorgados”.
Comentó que el rector Alejandro Vera Jiménez, actuó dolosamente y fue omiso, porque en el momento que se suscribieron los convenios anuales, nunca informó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la contratación del crédito, ni de su pago con los subsidios estatales, por lo cual la utilización de estos recursos no se destinaron a los objetivos específicos que se establecían en los convenios anuales, pues todo el ingreso se comprometía al pago del crédito con Banco Interacciones.
“El rector no ha hablado con claridad. No ha explicado a la comunidad universitaria, que por este contrato se comprometieron como fuente de pago el 100 por ciento de sus ingresos propios y el 100 por ciento del subsidio estatal”.
Michel Luna sostuvo que el rector tampoco ha dicho a la comunidad universitaria del desvío de 50 millones de pesos del subsidio estatal, para usarlos en un fondo de reserva en el fideicomiso que se creó como fuente de pago del ilegal endeudamiento.
“Como consecuencia, se creó una gran merma presupuestal a la UAEM que agudizó su crisis económica. Además, ha hecho uso de los fondos de pensiones que están destinados a cubrir las percepciones del personal pensionado y de la provisión para el aguinaldo del 2017”.
Declaró que el Gobierno del estado nunca ha dejado de cumplir con las obligaciones presupuestales y será responsabilidad de la rectoría carecer de los fondos para las pensiones y los aguinaldos por no utilizar los recursos para los fines específicos con los estudiantes, administrativos, académicos y pensionados.
“El rector pone en riesgo la educación de los universitarios por pagar deudas contraídas ilegalmente”.