Este jueves estará compareciendo ante la PGR, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos. Se habla que llegará en calidad de indiciado, pero la verdad es que llega tras el escándalo revelado en medios de comunicación y tras un insistente llamado del abogado Javier Coello para que se contactara a su cliente.
Finalmente la PGR decide citarlo, y seguramente el Ministerio Público lo interrogará sobre los principales contratos que se realizaron entre Pemex y Odebrecht; le preguntará sus vínculos con la empresa y las personas o funcionarios con los que tuvo contacto.
Por su parte, Lozoya y Javier Coello pedirán toda la documentación que la PGR tenga sobre el caso y que pudieran involucrar al ex director de Pemex. Pero el problema para la PGR es que sus investigaciones siguen estando a medias.
La PGR no tiene avances de los sobornos hechos en México por la empresa Odebrecht a servidores públicos de Pemex, funcionarios que por cierto operaron tanto en la administración del panista Felipe Calderón como del actual Presidente, Enrique Peña.
Y este punto es importante, el caso Odebrecht y el contacto con la empresa no vienen desde Emilio Lozoya; viene desde el anterior sexenio y de acuerdo a los pocos avances que tiene la PGR, dos de los contratos en los que se presume iniciaron los sobornos y el caso de corrupción fueron durante el sexenio anterior.
Pero el verdadero problema o la verdadera impunidad está en los convenios, pactos o acuerdos que la propia Odebrecht ha aceptado que ha tenido con diversos países, entre ellos Brasil, que es el que tiene mano sobre los documentos e investigaciones principales del caso.
En estos acuerdos se puede observar cómo Odebrecht ha hecho disculpas públicas aceptando los actos de corrupción, pero el problema es que ninguno de sus funcionarios ha sido sancionado; en los acuerdos se establece no dar a conocer nombres de sus empleados y directivos involucrados.
La PGR ha tratado de obtener las listas de las autoridades de Brasil, ha tenido acercamientos con Odebrecht para llegar a posibles acuerdos, pero lo cierto es que no trae prisa y no parece que quiera resolver este escándalo en el mediano ni largo plazo.
En otros procesos
Será interesante saber la forma en que la PGR tendrá que reabrir el caso de Tlatlaya, luego de que un juez le dijo que tiene que realizar una nueva investigación a fondo. En este caso, la PGR deberá, de acuerdo a lo dictado en el expediente, valorar si interroga a los funcionarios del Estado de México que tomaron el caso donde mueren 22 presuntos delincuentes tras un enfrentamiento con militares.
Lo interesante es que la PGR no hará las nuevas investigaciones conforme a sus tiempos, sino que deberá presentarle al juez Cuarto de Distrito un cuadro cronológico de las audiencias y los motivos por los cuales las realizará. Para ello contará con 30 días hábiles, y posterior a dichas diligencias deberá determinar el Ministerio Público si hay elementos para consignar o culpar a algún responsable de la presunta ejecución extrajudicial de 15 de los 22 presuntos delincuentes.
caem