La Asamblea Legislativa cumplió en tiempo y forma, atendiendo las disposiciones legales de carácter federal, con la aprobación de los 11 ordenamientos por los que se crea el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

 

Instrumentos que serán herramientas importantes para erradicar este terrible mal que lacera y daña la gobernabilidad y la estabilidad política del país y que, en el caso de la Ciudad de México, se previene.

 

Cabe recordar que de acuerdo al artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que señala que al año siguiente de su entrada en vigor “el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes”, el plazo de vencimiento fue el día 18 de julio pasado. Luego entonces la ALDF cumplió en el plazo señalado.

 

Por su parte la Constitución General faculta a las entidades federativas y a la Ciudad de México para establecer los “sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción (artículo 113)”.

 

Al respecto la Ley General de la materia establece cuáles son las obligaciones que se deben seguir en la creación de los sistemas estatales que básicamente son las siguientes; contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que la ley otorga al Sistema Nacional; tener acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones; tener respuesta de los sujetos públicos obligados a las recomendaciones, políticas públicas e informes que se les dirija; así como contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan.

 

Ahora bien, en el ámbito local, la recién promulgada Constitución de la CDMX en su décimo tercer artículo transitorio faculta, específicamente, a la ALDF para expedir las leyes y llevar a cabo “las adecuaciones normativas en materia de combate a la corrupción, particularmente con relación a los órganos de control interno, la Entidad de Fiscalización Superior, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y para la organización y atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa”.

 

Pero además otorga la facultad a la Asamblea “para realizar las designaciones o ratificaciones necesarias para implementar el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México”.

 

En 2018 se cumplen 18 años de que en México se inició el tránsito a la democracia. El trayecto a la mayoría de edad, para usar una analogía, ha evidenciado muchos de los temas que eran vedados, como el de la corrupción y que anunciaban el desgaste del antiguo régimen. Ahora es un tema público y de interés general que debe erradicarse para beneficio de la población.

 

En la Asamblea Legislativa hemos dado los pasos adelante para combatir este flagelo. Con la publicación en la Gaceta Oficial serán vigentes y entonces se podrá iniciar el camino hacia su erradicación.

 

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