En estos días ha circulado la noticia de que Javier Duarte será investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada. No obstante, el festejo de las organizaciones civiles que apoyan esta solicitud es prematuro. Es necesario contextualizar.
Lo que la Fiscalía de la CPI hizo fue admitir una “comunicación”. Éste es un término técnico que básicamente implica que a la Fiscalía se le hace saber de hechos que podrían ser constitutivos de crímenes internacionales. La CPI recibe miles de comunicaciones al mes, y tienen que pasar por un filtro muy riguroso para determinar si este tribunal es competente y si la causa es admisible. La admisibilidad implica que el Estado haya tenido una falta de capacidad o voluntad para iniciar una investigación nacional. Además, el caso debe ser de una “gravedad suficiente” para que amerite esta intervención. Se trata de un término intencionalmente ambiguo que le permite a la Fiscalía filtrar los casos de forma discrecional.
El caso de Duarte es complicado por varios motivos. En primer lugar, el crimen de lesa humanidad se lleva a cabo en el contexto de un “ataque contra la población civil”. Aunque no se trata de un ataque militar, los grados de violencia (según la jurisprudencia de la propia CPI) son muy similares. Así, las desapariciones alegadas deben formar parte de ese mismo ataque.
Adicionalmente, la Fiscalía no inicia investigaciones contra personas en un primer momento. Antes abre lo que sería una “situación” que se refiere a una relación compleja de hechos, en los cuales se cometen uno o varios crímenes internacionales, normalmente identificados con los lugares donde se cometieron los crímenes: “Situación República Democrática del Congo” o “Situación Libia”. Así, en el caso de Duarte podemos pensar en una “Situación México” o “Situación Veracruz”. Hasta entonces podemos empezar a señalar a las personas como posibles autores de los crímenes, ya sea funcionarios públicos o particulares.
Por último, hay un factor de tipo extralegal. La Fiscalía ve con sospecha comunicaciones que de inicio mencionan a personas como responsables, pues considera que hay factores políticos que pudieran motivar a estos grupos. En esencia hay que documentar casos y decir: “Aquí hay mucha violencia y la CPI debe investigar” y dejar que estas instancias internacionales hagan su trabajo de forma independiente e imparcial.
Hay claros ejemplos de comunicaciones serias que contextualizan la violencia en México como crímenes de lesa humanidad, como la presentada por la FIDH por hechos ocurridos en Coahuila. (https://www.fidh.org/es/temas/justicia-internacional/corte-penal-internacional-cpi/mexico-asesinatos-desapariciones-y-torturas-en-coahuila-de-zaragoza). Esto no significa que la comunicación en contra de Duarte no sea seria (de hecho no la he leído). Lo único que señalo es que las afirmaciones en medios son prematuras. Sin embargo, en su conjunto, las distintas comunicaciones que se han presentado deben hacernos reflexionar sobre la “Situación México”.
Dr. Javier Dondé Matute
Profesor – Investigador Titular C del INACIPE
@JavierDonde
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