Hace más de un año que el presidente Enrique Peña envió al Senado una iniciativa para modificar el artículo 102 Constitucional con el objetivo de eliminar el pase automático de procurador general a fiscal general.
Pero la iniciativa ni siquiera ha sido dictaminada.
“Es la iniciativa de la simulación’’, respondió ayer el presidente del PAN, Ricardo Anaya, a una pregunta de este reportero.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, que presiden los priistas Enrique Burgos y Cristina Díaz, respectivamente.
Ninguno de los dos ha convocado a una reunión de sus respectivas Comisiones para comenzar a dictaminar la iniciativa presidencial, en una clara maniobra de futbolista canchero, la de ganar tiempo a costa de lo que sea.
¿Para qué?
Para forzar una negociación con el PAN.
Los senadores del PAN y su dirigente nacional confirmaron ayer su oposición al intento del PRI de convertir al actual procurador Raúl Cervantes en el fiscal general por dos razones:
La primera es el origen priista del funcionario, lo que de entrada ya desata suspicacias y la segunda tiene que ver con el hecho de que el nuevo fiscal ocupará el puesto por los próximos nueve años.
Los seis del próximo sexenio y los primeros tres años de la administración 2024-2030.
¿Qué pasaría si la siguiente administración decide investigar a los funcionarios de la actual? ¿Un fiscal con sangre tricolor actuaría de manera independiente o estaría obligado a responder la cortesía de quienes lo llevaron al cargo?
Ése es en síntesis el argumento por el que Acción Nacional decidió radicalizar su posición para evitar la conversión automática.
Anaya y sus senadores aseguraron que no habrá nada, ningún tema en las mesa de negociaciones que les haga cambiar de parecer.
Y menos cuando se pretende que la designación del nuevo fiscal general se empate con la del fiscal que perseguirá delitos de corrupción.
El debate, pues, va para largo.
Apenas la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó dos demandas de amparo promovidas por dos medios de comunicación en contra de la ley reglamentaria del artículo 6 Constitucional, sobre el derecho de réplica, y ya el Poder Judicial deberá ponerse a prueba en este tema.
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, anunció que demandará su derecho de réplica ante un juez federal en contra de las publicaciones de un periódico capitalino que acusa a la familia de su esposa de enriquecimiento a partir de su incursión en la política.
Anaya tiene cinco días hábiles para presentar la demanda, la cual, dijo, “ganaré sin duda alguna. No me recurriría al Poder Judicial si no tuviera esa certeza’’.
O el presidente Peña es vidente o del Tribunal Electoral ya le anunciaron que no anularán la elección para gobernador en Coahuila.
Porque eso de reunirse con el candidato ganador Miguel Riquelme, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni siquiera ha comenzado el debate público de la elección, es por lo menos arriesgado.
¿Qué pasará si el Tribunal anula la elección? Claro, a menos que en Los Pinos ya sepan que eso no va a ocurrir, y por ello el compromiso de Peña con Riquelme para apoyar su administración.
El sagrado dedo eligió a Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Por más que el partido de López Obrador quiso hacer creer que el método fue una encuesta, sus huestes tenían trabajando meses para posicionar la imagen de la delegada en Tlalpan, mucho menos conocida que Ricardo Monreal y, desde luego, con menos experiencia.
Pero el dedo eligió.
Hágase, pues, su tropical voluntad.
caem