La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que dos centros de arraigo que tiene el gobierno de Chihuahua son ilegales.
Después de un año de investigación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro.
“Les solicitó que tomen las medidas necesarias a efecto de evitar el uso de instalaciones ‘acondicionadas’ o ‘habilitadas’ para llevar a cabo medidas privativas de libertad”.
También les requirió que inicien un proceso administrativo de responsabilidad contra quien resulte responsable.
De acuerdo con una investigación realizada por el equipo de Despuierta, con Carlos Loret de Mola, se documentó el año pasado que no existe ninguna ley o código en Chihuahua que avale el funcionamiento de esos centros, que operan como cárcel clandestinas.
Lorenzo Flores, ex fiscal en Ejecución de Penas y Medidas Cautelares de Chihuahua, explicó que “Un arraigo es diferente a una prisión, un arraigo es un hospedaje que se da a una persona en tanto va avanzando su procedimiento o su proceso”.
Sólo que ese hospedaje tiene celdas, alambre de púas y sistema de seguridad.
Pero en Chihuahua la situación es diferente: visten de gris, el uniforme de las cárceles del Estado y reciben las mismas instrucciones. no mirar de frente y andar con las manos atrás.
En el caso de las mujeres que están presas en el Cereso de Chihuahua, ni siquiera las cambian de lugar, cumplen el arraigo en el mismo reclusorio.
El 31 de agosto del 2016, un día después del reportaje en Despierta, el entonces gobernador electo Javier Corral prometió que iba cerrar esos sitios.
Sin embargo, los centros de arraigo siguen funcionando, lo confirmó en julio pasado el actual fiscal en Ejecución de Penas y Medidas Cautelares, David Flores Carrete: “Por supuesto que hay intención de cerrarlos. No podemos darles a todas esas personas sujetas a medida cautelar o en proceso, una salida discrecional”
aarl