El Gobierno del Estado acepta la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) para encontrar una solución expedita al pago de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Ésta consiste en pedir a la tesorera de esta institución Margarita Leticia Robledo Pedroza, designe una cuenta específica para el depósito de los recursos pactados con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la administración estatal.
Para así privilegiar el pago a los trabajadores sindicalizados, administrativos, académicos, jubilados, e incluso de quienes reciben su catorcena en efectivo de manera ordinaria.
En Morelos la educación es un derecho, por ello el Gobierno del Estado ha hecho patente ante la CDHM la aceptación de la medida precautoria dictada en torno a esta casa de estudios.
Tal y como lo reconoció la CDHM en el boletín de prensa número 29-17-CS: “Las autoridades que se representan en un acto responsable y positivo, señalando la aceptación de la implementación de las medidas; estipulando las estrategias para el destino de los recursos para el pago de nóminas a la brevedad posible”.
La CDHM hizo notar que sólo se requería que la parte promovente, la UAEM, realizara las acciones necesarias para concretar el flujo de los recursos financieros y regresar a la estabilidad a dicha institución.
Sin embargo, esto no ha ocurrido por lo que de existir un probable riesgo que genere violaciones a derechos humanos en agravio de los alumnos, personal académico y administrativo, así como jubilados de la UAEM, el cual resultaría imputable únicamente al rector, Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Lo anterior se sustenta con su postura asumida a través de un boletín difundido vía internet en donde ha señalado que la propuesta del Gobierno del Estado es supuestamente “violatoria de los derechos humanos, de la autonomía universitaria y particularmente de la Ley Orgánica”.
Ha señalado que aceptar tal propuesta, implicaría violentar la autonomía universitaria y la destitución de los consejeros que así lo aceptaran, pues en su toma de protesta se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de la institución.
Al respecto, el Gobierno del Estado enfatiza que no hay nada más alejado de la realidad y la legalidad.
Es indiscutible que la posición extraoficial de la UAEM refleja notoria incongruencia, y hasta el momento se erigirse como un obstáculo al cumplimiento de las medidas precautorias solicitadas ante la CDHM en su carácter de promovente.
De hecho ha buscado infundadas excusas, inclusive una imputación directa sobre la parcialidad de este organismo, para eludir condiciones que permitan realizar el pago de los servicios personales a los trabajadores.
dca