La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impartido cursos y talleres de capacitación a un total de tres mil 664 servidores de la Administración Pública Federal (APF), para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Destacó que se tiene el objetivo de capacitar a cuatro mil servidores públicos también con el propósito de garantizar la prestación del servicio público y recobrar la confianza ciudadana.
El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, Javier Vargas Zempoaltecatl, aseguró que ante cualquier irregularidad se aplicará estrictamente la ley.
En ese sentido, convocó a quienes sean víctimas de actos de corrupción a presentar las denuncias correspondientes.
En un comunicado, señaló que la SFP cumple con su compromiso de fortalecer el control interno, para llevar una mayor vigilancia sobre el ejercicio gubernamental.
Previo a un curso para servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dirigido a concientizar sobre la importancia del SNA, el funcionario habló sobre las “Obligaciones y Responsabilidad Bajo el Esquema del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Añadió que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que entró en vigor el 19 de julio, constituye un marco jurídico innovador que obliga a cumplir con responsabilidad, ética y profesionalismo las tareas encomendadas.
En representación de la titular de la SFP, Arely Gómez González, expuso que la LGRA es una ley que exige a todos los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial, lo relacionado a un posible conflicto de interés, por lo que constituye una herramienta de rendición de cuentas.
Dijo que esta legislación es un mecanismo de prevención, para que quienes se desempeñan en la APF se sujeten a los principios de probidad y disciplina.
Ello, a fin de consolidar la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción, instrumento que constituye uno de los pasos más importantes para combatir este flagelo de alcance mundial.
Vargas Zempoaltecatl añadió que la LGRA prevé sanciones a los servidores públicos, como a los particulares, que violenten la ley.
Dijo que es un marco jurídico claro, preciso, que especifica no sólo las sanciones, sino los recursos de inconformidad a los que tienen derecho quienes cometan alguna falta.
Durante su exposición, reiteró que se está ante la oportunidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y de consolidar el SNA a través de una cultura de la denuncia, para una estricta aplicación de la ley.
Asimismo, llamó a las entidades federativas a concluir los procedimientos para la creación de los Sistemas Locales Anticorrupción.
caem