En los resolutivos de la XI reunión plenaria de los senadores del PRI destacan los nombramientos que correrán a cargo de la Cámara alta en el próximo periodo de sesiones que comienza mañana.

 

Entre ellos está el del sustituto de Agustín Carstens al frente del Banco de México, el de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Sistema Nacional Anticorrupción y el del fiscal general, que sustituirá al procurador general.

 

En el caso del nombramiento del fiscal general, el PRI puso entre paréntesis (disposiciones aplicables), en el entendido de que no habrá posibilidad de negociar con el PAN ni con el PRD que el próximo fiscal sea el actual procurador, Raúl Cervantes.

 

¿Y cuáles son esas “disposiciones aplicables’’?

 

Pues nada más el artículo 16 transitorio de la Ley de la Fiscalía General de la República, publicado el 10 de febrero de 2014 y que a la letra dice, textualmente:

 

“El procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV de dicho artículo’’.

 

Es decir, que el PRI ni siquiera necesita votar en una sesión el pase automático, pues en la ley ya está autorizado.

 

Este artículo fue el que muchas organizaciones de la sociedad civil impugnaron con tal fuerza, que el presidente Enrique Peña envió al Senado una iniciativa para reformarlo.

 

Pero la propuesta está muerta –“la iniciativa de la simulación’’, dijo hace una semana Ricardo Anaya- y así permanecerá en tanto que no haya un acuerdo entre los partidos para dictaminar la propuesta de Peña o cualquier otra en contra del pase automático.

 

Pero no habrá acuerdo, al menos en el horizonte de corto plazo, porque el PAN no lo quiere y el PRI no lo necesita.

 

Simplemente puede dejar que transcurra el tiempo y que se cumpla con lo dispuesto en el artículo de referencia, que, por cierto, fue aprobado por todos los partidos, aunque después lo hayan impugnado.

 

O dicho de manera clara, el PRI está dispuesto a pagar el costo político de llevar a Cervantes a la Fiscalía General.

 

 

En su camino a convertirse en candidato independiente a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, Ricardo Monreal pidió a la dirigencia de Morena –léase al dueño, Andrés Manuel López Obrador- realizar nuevamente la encuesta, pero esta vez con otras dos de “espejo’’.

 

Monreal sabe de antemano que el tabasqueño y su grupo compacto jamás repetirán la supuesta encuesta que lo mandó al cuarto lugar, cuando 17 de 20 sondeos independientes del partido lo colocaban en el primer peldaño, con una ventaja notable sobre el resto de los precandidatos.

 

Pero ya cumplió con el requisito.

 

Ayer hubo una manifestación de músculo de parte del zacatecano, y quedó claro que no está dispuesto a desperdiciar ese capital político.

 

Por eso –“Morena no es de nadie’’, dijo-, el escenario más probable y que seguramente será ratificado en los próximos días es la vía independiente.

 

Si el 3 de septiembre no aparece en el mitin que organiza López Obrador en el Monumento a la Revolución, puede dar a Monreal por ido.

 

caem