Hoy, la Cámara de Diputados podría entrar en una parálisis inédita en la historia del país, si no hay un acuerdo para instalar su Mesa Directiva.
La Mesa, que será encabezada por el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, está integrada y los puestos repartidos, pero no se ha podido instalar por la oposición del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.
Como sabe, el tema de fondo es la supuesta intención del PRI en el Senado de lograr, como sea, la designación del actual procurador general, Raúl Cervantes, como fiscal general.
El llamado pase automático fue aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados, con los votos del PAN en 2014 y turnado como minuta al Senado, en donde ha permanecido congelada.
En la Cámara alta, el PRI cuenta con los votos suficientes para lograr la aprobación del llamado “fiscal carnal’’, pero no es ahí en donde se encuentra el problema, sino en la Cámara de Senadores, hasta donde se trasladó la división interna de los legisladores del blanquiazul.
Ayer, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, anunció que su fracción podría recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para lograr instalar la Mesa Directiva.
Pero el pastor tricolor sabe que el proceso será lento y tortuoso, que puede tardar no semanas, sino meses, y eso no se puede permitir tratándose de la Cámara de Diputados.
La actual Mesa está ejerciendo una prórroga de cinco días que establece la Ley Orgánica de la Cámara, pero no puede prolongarse un día más ni dejar en pausa la sesión de hoy; tendrá que terminarla y si no hubo acuerdo, entonces a esperar ya una negociación mayor o, de plano, dar vista al Poder Judicial.
Por lo pronto, lo que tiene en puerta la Cámara es la recepción de los Criterios de Política Económica para el próximo año que la Secretaría de Hacienda debe enviar el viernes próximo.
Si la Mesa Directiva no lo recibe, podrá ser el secretario general de la Cámara, como ocurrió con el Informe presidencial; ése no es el problema.
El problema real es a quién se entregará el documento, quién lo enviará a las Comisiones para su análisis, quiénes recibirán a gobernadores y presidentes municipales que hacen su peregrinación anual en busca de recursos.
No es un asunto menor.
Quién sabe si al PAN le convenga mantenerse radicalizado con el riesgo de incrementar el costo político –que ya está pagando- por no resolver sus problemas internos.
A medida que se acerca el relevo en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, se intensifican el intercambio de mensajes entre los que apoyan la reelección de Perla Gómez Gallardo y quienes se oponen.
Muchos creen que Gómez no debe repetir en el puesto “por su cercanía con Mancera’’, cosa que es falsa.
De hecho, el jefe de Gobierno no perdona aún el incidente ocurrido el 12 de junio de 2014, en la sede de la Comisión, durante el primer informe de Perla Gómez, en donde el funcionario fue agredido por un grupo de familiares de “activistas presos’’ por el 1DMX.
Si Mancera tiene el control de la Asamblea Legislativa –y no sé por qué no lo tenga-, Gómez no tiene oportunidad de la reelección.
Pero está por verse.
caem