Llevamos semanas observando cómo nuestros políticos sacan su mejor parte. Cada uno compite por demostrar y presumir que sus contrincantes son más corruptos, que tienen recursos inexplicables y además infieren que en algún momento sus opositores cometieron actos de corrupción, pero de ello no entregan pruebas.

 

Producto de este conflicto se tomó como pretexto el nombramiento con pase en automático del que podría ser el próximo fiscal general. En los últimos días, el pleito se ha profundizado más, y ahora nuestros legisladores y políticos se pelean porque Raúl Cervantes no sea fiscal general.

 

¿Pero en realidad sabemos quién es Raúl Cervantes? Una mayoría de mexicanos lo ubicamos como un hombre asociado al PRI, y más al gobierno actual, lo que ha puesto en duda su futura autonomía.

 

Pero más allá de esto, no conocemos si en realidad Raúl Cervantes es en la actualidad un buen procurador. El personal que trabaja con él refiere que es un hombre muy inteligente y capaz, pero que su mayor defecto es la gente que lo rodea y que toma decisiones importantes.

 

Es el caso de su secretario particular, que es gente muy cercana a Humberto Moreira o el de su directora de Comunicación Social, que trae vueltos locos a los subprocuradores y funcionarios que se quejan constantemente de que sus logros no se ven reflejados.

 

Como procurador, Cervantes ha dejado muchos casos en el tintero; la mayoría de ellos vinculados al PRI o a la política nacional. Pongamos ejemplos: el caso Odebrecht es uno de los temas que no tiene avances o, al menos, en México no se ven claros. Otro tema que ha dejado en la congeladora es el del presunto espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos. A esto habrá que sumarle las diversas investigaciones que le ha enviado la Auditoría Superior de la Federación sobre ex gobernadores, dependencias públicas o desvíos de recursos federales y que la dependencia a su cargo ha decidido no ponerles atención.

 

Tan sólo ayer se dio a conocer que a 20 días de que se cumplan tres años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la PGR ha cumplido nueve de 47 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Checando el Quinto Informe de Gobierno, resulta curioso que la PGR sólo toma en cuenta como logros el caso de la detención del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y la orden de aprehensión que obtuvo contra Tomás Yarrington. El caso Duarte y el resto de las pesquisas de gobernadores ni siquiera son mencionados.

 

En el mismo documento detalla que Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, no ha tenido avances, pero sí llegó a cerrar casos.

 

El informe detalla que de 51 actas circunstanciadas iniciadas se concluyó que 36 debían mandarse al archivo y de 100 indagatorias iniciadas se determinó que 37 expedientes no podían resolverse en la PGR y envió a las autoridades locales los casos. Situación de la que tanto se quejan los periodistas del interior del país, pues por años las propias autoridades locales no han resuelto sus casos. Por eso y muchas razones políticas es difícil creer que Cervantes sea el próximo fiscal general.

 

caem