Hoy más que nunca es necesario hacer una evaluación de lo ocurrido en Oaxaca. El próximo fin de semana, el Gobierno federal habrá de informar cuál es el resultado de los damnificados por el sismo. Se habla de que tan sólo en Oaxaca hay más de 12 mil viviendas afectadas, pero el número podría aumentar.

 

Hemos visto un despliegue por parte del Gobierno federal tanto en Oaxaca como en Chiapas; varios secretarios de Estado fueron directamente comisionados para atender y tratar de resolver la problemática de los municipios.

 

La ayuda y la solidaridad de la gente siguen llegando a las diversas poblaciones afectadas, pero hay que tomar en cuenta que el problema en esas regiones llevará un largo tiempo. No sólo se trata de enviar alimentos, ropa y cobijas a las zonas afectadas. El mayor problema que enfrentan Oaxaca y Chiapas son la recuperación y reconstrucción de los miles de viviendas que hoy ya no existen.

 

Sin duda, será una labor titánica, y por ello se requerirá del apoyo de empresarios, sociedad civil y Gobiernos federales y estatales. Conforme pasen las semanas aumentará la tragedia para los damnificados, y es justo en ese momento en el que requerirán mayor apoyo.

 

Pero justo en esta evaluación debería analizarse qué fue lo que se hizo en materia de reconstrucción, prevención y protección a las poblaciones de Oaxaca en los últimos años. Y para ello es urgente concluir las más de 70 auditorías iniciadas contra la administración del ex gobernador Gabino Cué.

 

Esta semana, el periódico 24 HORAS ha dado un seguimiento puntual a diversas irregularidades detectadas específicamente en la falta de pago y de mantenimiento en el Sistema de Alerta de Oaxaca, situación que provocó que no se activara.

 

Se habla de un adeudo de 24 millones de pesos con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), proveniente de la administración de Gabino Cué, situación por la que ya hay una investigación en curso.

 

Pero no sólo es ese caso; si uno checa los informes de la Auditoría Superior de la Federación entre 2013, 2014 y 2015, se podrá observar que existen diversas irregularidades en el manejo de recursos destinados entre otros a la reconstrucción de zonas de riesgo.

 

Además, apenas en agosto pasado, la Auditoría del Estado denunció penalmente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado al ex titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable por el presunto delito de “desvío de recursos” por 37.6 millones de pesos.

 

Además de ello, existen evidencias de obras mal construidas; por ejemplo, las autoridades están documentando el desarrollo de 302 viviendas en la comunidad de Santiago Mitlatongo, perteneciente a Nochixtlán, Oaxaca. En ese lugar hace siete años la población perdió sus casas, pero resulta que las que se construyeron son inhabitables y los mil 400 habitantes de dicha comunidad no tienen un techo donde vivir.

 

Urge ayudar, pero también urge que las autoridades de Oaxaca y de la PGR den cuenta de las denuncias e investigaciones en contra de Gabino Cué y sus ex funcionarios, al menos así ayudarán a crear certidumbre en la ayuda solidaria de la población.

 

caem