Los sismos catastróficos del 7 y 19 de septiembre de 2017 impactaron desde ya el panorama rumbo al año 2018. La necesidad de atender a los miles de damnificados pone a las elecciones federales y locales en segundo término, y tanto el gobierno como la clase política de todos los partidos deben tener conciencia de ello.
Sin duda, el presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda, a cargo del presidenciable José Antonio Meade, y las Cámaras de Diputados y Senadores tienen la oportunidad de mostrar sensibilidad política y personal y modificar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 2018 con el fin de contar con recursos para atender la reconstrucción en la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla.
Ahorrar en el gasto quitando gastos y prestaciones de privilegio a los funcionarios públicos como los seguros de gastos médicos mayores, vales de gasolina, teléfonos celulares, choferes, gastos para comidas en restaurantes de lujo, aviones y helicópteros privados para los viajes de los secretarios del gabinete y hasta un recorte directo de la alta burocracia pueden ser medidas que ayuden a liberar recursos que deben ser destinados a los damnificados.
Pero no sólo eso, sino también aumentar el nivel de endeudamiento del Gobierno federal para enfrentar la emergencia que tiene a millones de mexicanos sin techo y así disponer de los recursos que son requeridos para poder llevar a buen término la reconstrucción y evitar un conflicto social de proporciones incalculables.
Sin duda, si se concreta que donen los partidos 20% o más de sus prerrogativas, sería un paso muy importante con el fin de obtener recursos para los damnificados y bajarle la presión al rechazo y desprecio que ya un número muy extendido de mexicanos expresan hacia la política, el gobierno y los partidos.
Estas medidas para atender la emergencia causada por los terremotos son de urgente resolución; no hacerlo sería absolutamente irresponsable y generaría daños mayúsculos a la democracia, pues llevaría a todos los mexicanos agraviados ante lo que podrían calificar un abandono de parte de las autoridades a optar por la opción peligrosa del populismo de Andrés Manuel López Obrador.
Este terremoto, sin duda, cambiará también la percepción de los habitantes de la Ciudad de México y de todo el país frente a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera que, a diferencia del gobierno de Miguel de la Madrid y su negligente actuar ante los temblores de 1985, mostraron una gran capacidad de reacción y atención a la tragedia que hoy viven la capital del país, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Morelos.
Al final, estos sismos del 7 y 19 de septiembre son otro factor que está cambiando las proyecciones en la complicada elección de Presidente y nueve gobernadores que se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2018, el tamaño del impacto negativo para el proceso electoral y el país puede ser atajado si se decide hacer lo correcto en el momento oportuno.
caem