El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados planteó que el “Fondo Especial para la Reconstrucción” de edificios e infraestructura dañados por los fenómenos naturales ocurridos en el país, deberá ser de entre 45 a 50 mil millones de pesos, obtenidos no sólo de las asignaciones a los partidos políticos sino que también habrá que ajustar los presupuestos de los poderes Ejecutivo y Judicial, por lo que apeló a la sensibilidad y responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para apoyar dichos recortes.
Jesús Zambrano Grijalva, Vicecoordinador de los perredistas, dijo que las adecuaciones no deben afectar programas de carácter social sino fortalecerlos, a la vez que enfatizó la necesidad de escuchar la voz de la gente que pugna por que ese Fondo Especial sea supervisado y fiscalizado por organismos de la sociedad civil y evitar que los recursos vayan a parar a “a la bolsa de la corrupción” o sean utilizados con propósitos electorales de cara al 2018.
Adicionalmente, el legislador federal hizo un llamado abierto al empresariado del país -especialmente las grandes empresas y corporaciones que hacen negocios con el gobierno y se benefician del modelo económico que tenemos- para que también hagan su aportación en este fondo de manera que sea suficiente para atender las necesidades de la población.
“Nadie aquí puede ni debe quedarse al margen de este gran esfuerzo nacional porque no se vale que solamente se le exija al gobierno o a los partidos políticos desde el ámbito de la empresa privada –especialmente las grandes corporaciones- y no se les vea activamente participando, incluidos por cierto, los bancos que han tenido en los últimos años (según sus propios informes) unos de los más altos rendimientos a partir de la especulación, de todo el manejo que hacen con los ahorros de la gente y del país”, señaló.
Dijo que aquí todo mundo debe asumir la parte de responsabilidad que le corresponde y todos los órganos del Estado mexicano deben contribuir a tener el fondo más grande que hayamos configurado en las últimas décadas para atender estos asuntos que hoy reclama el país; ante lo cual advirtió que el Poder Judicial pudiera sufrir un recorte en su gasto corriente y propuso eliminar el gasto en el pago de celulares, pago de seguros médicos, comunicación social, entre otros, rubros.
aarl