BARCELONA.- Miembros del Gobierno regional catalán detenidos por orden judicial por organizar el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, dijeron ayer que denunciarán al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia) por “grave violación de los derechos fundamentales”.
Varios cargos de esa administración regional fueron detenidos por orden de la Justicia española por considerar que formaban el núcleo duro de los preparativos de esa consulta independentista, cancelada por la Justicia por a instancias del Gobierno español, que no la considera ajustada el marco constitucional del país.
El “número dos” de Economía del Gobierno regional catalán, Josep Maria Jové, ha comenzado a elaborar una demanda contra el Estado, y , según dijo en una rueda de prensa su abogado, Andreu Van den Eynde, se espera que en los próximos días otros detenidos actúen en el mismo sentido.
En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó ayer el control de las medidas para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, hasta ahora promovidas por la Fiscalía, y ordenó a la Policía que cierre los centros de votación e impida que se prepare la consulta en ellos.
A cuatro días de la fecha fijada por el Gobierno catalán para celebrar el referéndum, la magistrada del TSJC Mercedes Armas ordenó a la Policía catalana, conocida como Mossos d’Esquadra; la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales designados para la consulta secesionista y requisen el material electoral que encuentren en los mismos.
El jefe operativo de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, se comprometió ayer a cumplir con las órdenes de la Fiscalía, aunque alegó que se ajustarían a los principios de “oportunidad, proporcionalidad y congruencia”, ante el riesgo de alteraciones en el orden público.
Grupos independentistas han pedido a sus activistas que se concentren en las escuelas para permitir que sean utilizadas el día 1 e impedir que las fuerzas de seguridad las clausuren.
Grupos como los socialistas (PSOE) y los liberales (Ciudadanos) hicieron llamado al Ejecutivo catalán para que retire su pretensión de una consulta y recupere el diálogo con el Gobierno español.
*edición impresa 24 Horas
caem