La jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una denuncia de hechos en contra de los directores jurídicos y de gobierno de las administraciones perredistas del 2010 y 2014, y de la dueña del Colegio Enrique Rébsamen, por las irregularidades detectadas en el expediente de la escuela.
Por tal razón, dijo se someterán a revisión las 600 escuelas privadas y las 208 públicas, de todos los niveles, que existen en la delegación Tlalpan.
“Hoy le pedí a todos los compañeros en toda la delegación, de Ventanilla Única, de Desarrollo Urbano, de Protección Civil, de Giros Mercantiles que hagamos una revisión exhaustiva de todas las escuelas que hay en la delegación”, dijo Sheinbaum Pardo.
Aseveró que las irregularidades que detectaron en el expediente del colegio Rébsamen, no pueden volver a repetirse.
En conferencia de prensa, precisó que la denuncia será en contra de los ex funcionarios Miguel Ángel Guerrero López, director del jurídico en 2014 y contra Alejandro Zepeda Rodríguez, quien tuvo el mismo cargo en 2010.
El 23 de julio de 2010, Alejando Zepeda Rodríguez, entonces director jurídico y de gobierno en la administración de Higino Chávez, ordenó una visita de verificación por la construcción del cuarto piso en la citada escuela.
El 13 de agosto se resuelve una clausura y la demolición del cuarto nivel, según el expediente, 10 días después se ordena la clausura y sancionar con el 5% del valor de la construcción.
“No hay en los expedientes evidencia de que se haya cerrado el procedimiento, no fue presentado en octubre de 2015, cuando nosotros entramos como un asunto relevante”, dijo la jefa delegacional.
Para 2013-2014, continuó, en la administración de Maricela Contreras, el 3 de noviembre, la dirección general de Obras y Servicios Urbanos declaró improcedente una solicitud de Mónica García Villegas, propietaria del colegio para atenerse al artículo 62, es decir, que la construcción es menor.
En ese año, la dirección de Obras, sostuvo que no era una obra menor, y para el 12 de diciembre de 2013 la dirección jurídica y de gobierno realiza una verificación.
Ya en 2014, en enero, continuó Sheinbaum, se ordenó clausurar y sancionar económicamente a la escuela, para el 12 de diciembre se levantan los sellos “de lo que en teoría estuvo clausurada por 11 meses, y el caso se cierra”.
Respecto a la irregularidad más reciente, detectada en 2016, la jefe delegacional indicó que el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) acudió al colegio en octubre de 2016 para verificación por uso de suelo.
Para enero de 2017, a pesar de tener facultades para clausurar, no lo hace, dijo Sheinbaum, y sólo sanciona con una multa; para el abril 3, el colegio promueve un juicio de nulidad contra la multa.
Para mayo 31 el Tribunal de Justicia Administrativa emite sentencia a favor del INVEA y para el primero de agosto de este año, interpone el colegio un recurso de apelación a la multa.
dca