BARCELONA.- El Gobierno español exigió ayer al Ejecutivo de Cataluña que cese en su actitud de “desobediencia”, que suspenda el referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y reconozca la “autoridad judicial” para que los cuerpos de seguridad impidan la votación.
A tres días de la consulta secesionista, representantes de ambos gobiernos se reunieron ayer en la Junta de Seguridad de Cataluña, el órgano político de coordinación policial regional, convocada unilateralmente el miércoles por el presidente catalán, Carlos Puigdemont.
En dicha reunión, el secretario de Estado español, José Antonio Nieto, advirtió a los miembros del Gobierno catalán del carácter radical de las protestas secesionistas de los últimos días, que podrían desembocar en situaciones de tensión si se hace creer a los ciudadanos que la consulta del 1 de octubre es válida.
A pesar de las advertencias del Gobierno central, el ejecutivo catalán mantiene la convocatoria del referéndum. El consejero de Interior, Joaquim Forn, subrayó la intención del Gobierno catalán de no detener la consulta e indicó que los Mossos D’Esquadra, como policía autonómica competente, priorizarán por encima de todo el mantenimiento de la “convivencia”.
“Es importante el cumplimiento de la ley, de las decisiones judiciales, pero también existe un bien superior, que es la convivencia ciudadana”, precisó Forn, quién garantizó que los Mossos “adecuarán” el cumplimiento de la resolución judicial al principio de proporcionalidad para evitar males mayores.
El consejero catalán reconoció que no pueden ni negar ni obviar la resolución judicial que ordena cerrar todos los locales públicos para la celebración del referéndum aunque, dejó claro, que “lo más importante es salvaguardar la convivencia”.
También indicó que durante la reunión de la Junta de Seguridad los representantes catalanes expresaron su malestar por el envío a Cataluña de unos 10 mil efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, procedentes del resto de España.
Precisamente ayer, la Guardia Civil decomisó 2.5 millones de papeletas, 4 millones de sobres y un centenar de urnas en una localidad próxima a Barcelona, en la segunda mayor incautación de material electoral llevada a cabo por ese cuerpo para evitar que se celebre el referéndum independentista.
La incautación se produjo en un almacén de la ciudad de Igualada, gobernada por la formación independentista PDeCAT, uno de los partidos que impulsa la consulta secesionista.
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caem