Está muy bien que entre los tres partidos que conforman el Frente Ciudadano por México se hayan puesto como meta reunir 200 millones de pesos para la reconstrucción de las zonas dañadas, pero no dicen de dónde sacarán ese dinero.
Ya el presidente del PAN, Ricardo Anaya, informó que se encuentran depositados en una cuenta concentradora 50 millones de pesos –que no se sabe de dónde salieron- y que el Comité Nacional de su partido despedirá a 90% de su personal por honorarios.
Esto, con el objetivo de dar un ejemplo de austeridad, la misma que le están pidiendo al Gobierno federal.
Si no ocurrió otra cosa, ayer los partidos del Frente debieron recibir la última ministración del INE correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Es decir que, a diferencia del PRI, los tres frentistas decidieron NO renunciar a sus recursos, sino administrarlos y quizá dejar algo para el famoso fondo de reconstrucción que hasta el momento no tiene los administradores ciudadanos que se prometieron.
Pero ya se sabe que esa vía puede generarle a los tres partidos un problema con el INE, a menos que el instituto, por la emergencia, se haga de la vista gorda.
Como quiera, esta semana se verá en San Lázaro si los partidos tienen voluntad para negociar la eliminación del financiamiento público o nomás ganas de quedar bien con el electorado, como hasta ahora.
El asesinato –otro- de una joven estudiante en Puebla vuelve a traer la discusión de decretar la alerta de género, toda vez que junto con el Estado de México y San Luis Potosí, la entidad figura entre la lista principal de feminicidios.
Y aunque el gobernador Antonio Gali ha minimizado el tema, diversas organizaciones civiles se aprestan a reclamar la alerta de género.
Antes de comenzar a pensar en la sucesión, Gali tendría que revisar las estrategias de seguridad porque la antes apacible y bella Puebla de los Ángeles anda con los demonios sueltos.
¿Qué pasó con el citatorio de la Procuraduría de Justicia de Veracruz al ex gobernador Fidel Herrera?
Nada.
El ex gobernador no acudió a la cita, envió a su representante legal, que para eso está, lo que motivó una amenaza del Gobierno estatal de mandar a detenerlo “por desacato’’.
¿De verdad?
Que se sepa, Herrera no ha solicitado un amparo porque, según sus palabras, no tiene nada que temer.
A ver qué otro asunto se saca de la manga el gobernador Miguel Ángel Yunes para distraer a los veracruzanos, que ya comienzan a repetir la famosa frase de “estábamos mejor cuando estábamos peor’’.
Casi dos semanas han transcurrido desde el sismo que dejó más de 350 fallecidos, 39 edificios derrumbados en la Ciudad de México y miles de construcciones dañadas.
No se tiene un censo completo sobre cuántos edificios o casas deberán ser derribados, pero quienes han sido desalojados de esos inmuebles ya se comienzan a desesperar por falta de información de alguna autoridad.
Hasta ahora la críticas, las quejas, se viralizan en las redes sociales, pero ya se está convocando a reuniones y manifestaciones para presionar a las autoridades.
Será, como era bastante previsible, la segunda etapa del temblor: la del reclamo social.
caem