Los sismos de hace unos días dejaron pérdidas humanas irreparables, así como daños materiales que aún están siendo evaluados, en una de las peores tragedias de la historia reciente de nuestro país y cuya afectación cubrió a más de la cuarta parte de las entidades federativas. En este contexto, el Gobierno de la República, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, podrá disponer de los recursos públicos previstos para el apoyo a los gobiernos locales en la atención y recuperación frente a este tipo de fenómenos.

 

En el marco de sus atribuciones, la Secretaría de la Función Pública llevará a cabo funciones de control y supervisión de las distintas actividades que se realicen, de manera primordial en la etapa de reconstrucción. Para ello, estaremos implementando acciones orientadas a prevenir, detectar o sancionar posibles actos de corrupción, así como a brindar acompañamiento y seguimiento a las tareas emprendidas por el Gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, con la finalidad de que los recursos destinados se utilicen para los fines previstos, y que el ejercicio de los mismos se efectúe con transparencia, rendición de cuentas y sobre todo apego a la legalidad.

 

Dicho acompañamiento se podrá realizar a través de los instrumentos de coordinación que se tienen con las entidades federativas y los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En ese sentido, los ejecutores del gasto deberán integrar y conservar en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos que celebren, así como del seguimiento físico y financiero de las obras de reconstrucción que les corresponda atender.

 

La Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el marco jurídico aplicable, ya ha iniciado las labores de inspección, control y vigilancia de los recursos públicos que se destinen para la reconstrucción. Aunado a ello, se han establecido mecanismos de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, que permitirán, entre otros aspectos, tener mayor cobertura en las tareas que dichas instituciones llevan a cabo en materia de auditoría.

 

Asimismo, el presidente Enrique Peña Nieto ha instruido realizar acciones adicionales que eficienten las labores de reedificación. Uno de estos esquemas, que actualmente está en operación en programas sociales, es la promoción de la Contraloría Social, que consistirá en la vigilancia directa de la población afectada de las obras, apoyos o servicios públicos en el marco de la emergencia actual.

 

La participación social será fundamental para agilizar el otorgamiento de los apoyos y la realización de acciones para la atención a las personas afectadas, ya que contribuye a la vigilancia de los recursos públicos, en complemento a las acciones de inspección física y financiera llevadas a cabo por los Órganos de Control locales y federales, favoreciendo la confianza de la ciudadanía en los distintos órdenes de gobierno.

 

Lo anterior, con independencia de los procesos de fiscalización que, en el ámbito de sus atribuciones normativas, la Secretaría de la Función Pública lleve a cabo, para revisar el apego a la legalidad en la gestión gubernamental.

 

*Secretaria de la Función Pública 

 

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