En los últimos cinco años, vecinos de distintas colonias de la delegación Benito Juárez han denunciado irregularidades en diversas construcciones de la demarcación. En ese tiempo han documentado desde violaciones al uso de suelo, permisos o licencias de construcción falsas, daños estructurales a sus edificios producto de las construcciones aledañas, actos de corrupción y daños al medio ambiente.
En esos años se desató un boom inmobiliario en la delegación, en el que incluso el costo de casas y departamentos se incrementó pese a que cada vez son más reducidos los metros cuadrados que se ofertan.
Y aquí viene la primera investigación que no se atreve a hacer el ahora jefe delegacional, Christian von Roehrich. En 2013, su antecesor y amigo, Jorge Romero, ofreció y prometió suspender, clausurar y demoler diversas construcciones ilegales a través del Programa de Ordenamiento de Obras Irregulares promocionado por él.
El resultado es que después de un año y medio de esa promesa, el aumento de obras en la delegación fue de casi 800 construcciones, de acuerdo a los datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
Si bien Christian von Roehrich heredó este problema, la verdad es que no ha querido resolverlo, pues durante su gestión también se ha incrementado el número de construcciones irregulares. Muchas de ellas han llegado al grado de exhibir presuntos permisos en pedazos de cartón que colocan a las afueras de las construcciones, cartulinas que no cuentan con sellos y que incluso son llenadas a mano.
A casi dos semanas del sismo del 19 de septiembre pasado, el delegado en Benito Juárez afirma que irá contra diversas constructoras, pero poco o nada ha dicho del binomio entre la iniciativa privada y los funcionarios delegacionales llamado corrupción.
Aquí no vamos a defender a las constructoras, que gran parte de responsabilidad tienen en las diversas afectaciones de los edificios, pero tampoco vamos a negar que por meses se le advirtió a Christian von Roehrich que había un problema inmobiliario y sobre todo de corrupción.
Hoy, la delegación dice que investigará a funcionarios, que mandará el expediente a la contraloría, pero esas mismas palabras ha dicho en otros casos y nunca se sanciona a nadie. La cadena de responsabilidades apunta a todos los actores que intervienen en el proceso de construcción y revisión de edificios.
Christian von Roehrich dice que a las delegaciones no les toca dar licencias, pero lo curioso es que en la página de la demarcación se señala que parte de las atribuciones de su director general de Obras y Desarrollo Urbano es “expedir licencias para la ejecución, modificación y registro de obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o de instalaciones o para la realización de obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas”.
Debemos tener en cuenta que saltarse un permiso y autorizar o supervisar una construcción que no cumpla con los requisitos es un acto de corrupción que debe de denunciarse y castigarse.
caem