BARCELONA.- Con el objetivo de proteger a sus clientes y accionistas, empresas con sede en Cataluña empezaron a tomar medidas para salirse de esa región, ante la incertidumbre política generada tras el referéndum independentista.
Para agilizar este proceso, el Gobierno español prepara un decreto que permitirá a las compañías acordar el cambio de su sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría su salida de Cataluña, según fuentes empresariales.
El Gobierno regional catalán, que celebró el pasado domingo un referéndum soberanista suspendido con anterioridad por el Tribunal Constitucional, no descarta realizar en los próximos días una declaración unilateral de independencia.
La Comisión Europea ha reiterado que si una región se separa de un país miembro inmediatamente quedará fuera de la Unión Europea (UE).
El Banco Sabadell, el quinto de España por activos, con 2 mil 548 oficinas y unos 26 mil empleados, anunció ayer el traslado de su sede social a la ciudad valenciana de Alicante (este).
Ese cambio de sede permite garantizar que la entidad estará bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE), con acceso a líneas de liquidez, además de que el pago de impuestos de la sociedad se realizará en la ciudad en la que tenga su nuevo domicilio social.
También Caixabank, el tercer banco español por número de activos, tenía previsto convocar para hoy a un consejo de administración extraordinario para debatir el traslado de su sede social fuera de Cataluña.
Permanecer en la zona euro supone para los bancos seguir operando con normalidad y garantizar los intereses de sus accionistas, clientes y empleados dentro de cualquier escenario.
Antes del Sabadell, otras empresas optaron por cambiar su sede social y, así, la operadora de telecomunicaciones Eurona Wireless acordó trasladarse de Barcelona a Madrid, lo mismo que la biotecnológica Oryzon Genomics.
La aseguradora Catalana Occidente, con sede en la periferia de Barcelona, sigue de manera atenta la situación política que se vive en Cataluña y se plantea “tomar las medidas oportunas para preservar los intereses de los clientes, trabajadores, mediadores y accionistas”, según fuentes del sector.
En el sector turístico, uno de los principales de la actividad económica española, varios directivos de cadenas hoteleras que operan en Cataluña confirmaron que desde el 1 de octubre están registrando un “impacto negativo” en sus negocios y una “caída” en las reservas.
Además, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, consideró un “error” la aprobación de una eventual declaración unilateral de independencia y pidió al Gobierno regional catalán que no dé “pasos precipitados y no medidos”.
Sin embargo, el vicepresidente del Ejecutivo regional y uno de los principales líderes del movimiento secesionista, Oriol Junqueras (ERC, izquierda republicana), rechaza que vaya a haber “una huida de empresas de Cataluña”.
*edición impresa 24 Horas
caem