La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León investiga a 54 internos del Penal de Cadereyta por su probable participación en los disturbios registrados el martes pasado, que dejaron como saldo 16 muertos y 31 heridos.
Acompañado del procurador de la entidad, Bernardo González, el director del Centro de Información para la Seguridad del Estado, Evaluación y Control de Confianza (Cisec) Aldo Fasci, comentó que los lesionados están fuera de peligro, incluyendo un elemento de Fuerza Civil que resultó con un pulmón perforado y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Destacó que la intervención policiaca evitó la muerte de más personas y de tres custodios retenidos por los reos.
En una conferencia de prensa aseguró que no es que alguien haya dado la orden del uso de armas, sino que se siguió lo marcado en un protocolo de seguridad que existe en todos los penales.
“Es un protocolo, no hay orden, cuando traes un arma tienes que tomar la decisión de salvar la vida de alguien o te quedas como espectador; en ese sentido si quieren un responsable, yo me hago responsable”, aseveró el titular del Cisec, luego de que fue cuestionado por los medios locales.
Fasci señaló que se tomó la decisión de que ingresaran elementos anti-motines con armas no letales; sin embargo, ya en el lugar, se les conminó a los reos a que hicieran entrega de los custodios secuestrados, pero éstos no aceptaron y comenzaron a agredir con piedras y escombros, hiriendo gravemente un policía.
El funcionario estatal indicó que después de herir con una varilla en el pulmón a un elemento de Fuerza Civil, los reos arreciaron con incendios.
“En esos momentos salen unos reos que estaban ocultos y atacan por la espalda a los elementos; la situación ya era de riesgo máximo y eso se agrava cuando, en un momento dado, estuvieron a punto de privar de la vida a los dos celadores que quedaban en el techo”, refirió.
Por otra parte, calificó como necesario que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) haga patente la situación que prevalece en el Penal en cuanto a que existe sobrepoblación; alta peligrosidad de los internos y evidenciar que hay un déficit de custodios.
ONU pide investigar
Las oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) solicitaron investigar los hechos violentos que han ocurrido en diferentes penales de Nuevo León.
Ayer, a través de un comunicado conjunto, condenaron el motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta: “resulta imprescindible que se ponga fin a los brotes de violencia al interior de los centros de privación de libertad de Nuevo León”, señala el documento.
CIFRAS
54 personas participaron en el motín
11 internos fallecidos eran secuestradores y miembros del crimen organizado
*edición impresa 24 Horas
caem