Ante las condiciones estructurales de diversos inmuebles administrados por el Gobierno de la Ciudad de México, como el denominado búnker de la Procuraduría capitalina y los edificios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ubicados en Niños Héroes y Fray Servando, colonia Doctores, un grupo de abogados privados interpuso amparos para evitar que los empleados sean obligados a trabajar en estos lugares.
En una entrevista con 24 HORAS, el abogado José Fernández de Cevallos explicó que después del sismo del 19 de septiembre pasado, dichas instalaciones resultaron con dañadas, y aunque en un principio se suspendieron labores; posteriormente, se acordó reanudar trabajos, luego del visto bueno de Directores Responsables de Obra (DRO).
Ante ello, se promovieron amparos, pero un juez de distrito negó la suspensión provisional, con el argumento de que existe un dictamen del DRO en el cual se determina que no hay falla estructural, por lo cual los trabajadores deben regresar a trabajar.
No obstante, el abogado explicó que éste es un primer paso y que los afectados buscan la suspensión definitiva, para lo cual deben pasar diversas etapas procesales: la queja, la revisión y el juicio principal, “cuya idea es solicitar los dictámenes del DRO y hacer otro peritaje que analice adecuadamente los inmuebles y comparar”, detalló.
Reconoció que es difícil ganar por la vía del amparo, aunque aclaró que son trámites que se deben intentar, bajo el argumento de que todos los mexicanos tenemos derecho a construcciones seguras.
Sociedad Civil, denuncia, pero…
Adicionalmente, personalidades de la sociedad civil interpusieron una denuncia contra quien resulte responsable por el colapso de inmuebles en la CDMX, para que se investigue a autoridades y constructoras y se determine si hubo corrupción, pues todos fueron autorizados por un DRO. El abogado confió en que esta semana se ratifique dicha denuncia de hechos.
Por temblor, exigen lupa a giros mercantiles
Residentes de las colonias Roma e Hipódromo Condesa solicitaron al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), revisar los usos de suelo y demás permisos para establecimientos mercantiles de la zona, con el fin de evitar que la corrupción e impunidad cobren vidas, de presentarse un sismo como el del 19 de septiembre pasado, e incluso, de mayor magnitud.
Exigieron poner atención al ruido excesivo, porque no pueden aislarse por completo; de lo contrario, no escucharían la alerta sísmica.
Admitieron que las rentas han aumentado 40% y que hay vecinos que han dejado sus casas.
*edición impresa 24 Horas
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