MADRID.- El Tribunal Constitucional de España declaró ayer por unanimidad la nulidad de la ley del referéndum catalán del 1 de octubre, mientras la tensión política y social aumentó en esa comunidad autónoma española con manifestaciones a favor de dos líderes independentistas encarcelados por delito de sedición.
La ley anulada ya había sido suspendida de modo cautelar el pasado 7 de septiembre, al día siguiente de ser aprobada por el Parlamento de la región de Cataluña.
A pesar de eso, las autoridades locales convocaron para el 1 de octubre un referéndum secesionista, cuya ilegalidad confirmó ayer el TC, en el que participaron 2.2 millones de personas a favor del “sí” a la independencia, respecto a los más de 5.3 millones de catalanes con derecho de voto.
La sentencia del TC, difundida ayer, reprocha al Parlamento catalán haber dejado a los ciudadanos “a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno” y, por tanto, es arbitrario.
En el fallo, adoptado por unanimidad, el TC espeta al Legislativo catalán que “un poder que niega expresamente el derecho, se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”.
El alto tribunal español recalcó que la región de Cataluña no es sujeto del derecho de autodeterminación, entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado.
Mientras la Justicia sigue su curso, la tensión política y social crece en Cataluña por el ingreso en prisión, acusados de sedición, de los líderes de dos organizaciones independentistas, y el anuncio del Ejecutivo regional catalán de que mantendrá la oferta de un diálogo “sin condiciones” con el Gobierno español.
La detención de los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el lunes pasado, provocó la reacción de los sectores independentistas catalanes, que se concentraron ayer para protestar contra la Justicia española y la actitud “represiva” del Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP, centroderecha).
La resolución de la Audiencia Nacional de España llega a dos días de que se cumpla el plazo establecido por el Gobierno central para que el presidente catalán, Carles Puigdemont (PDeCAT, centroderecha independentista), cumpla la legalidad y renuncie a la declaración de independencia.
La respuesta de Puigdemont al segundo requerimiento de Rajoy será, según el portavoz del Ejecutivo regional catalán, Jordi Turull, una nueva oferta de diálogo “sin condiciones”.
“Ni plegaremos velas ni nos quedaremos contemplativos viendo cómo ocupan las instituciones catalanas”, dijo ayer el portavoz catalán, aunque no concretó si el Gobierno regional levantará la suspensión de la declaración de independencia en caso de que se aplique el artículo 155 de la Constitución.
Rajoy anunció el lunes que si Puigdemont no renunciaba a la independencia y no se acogía a la ley española, el Ejecutivo central aplicaría dicho artículo, que le otorga la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas y para ello le daba de plazo máximo hasta el 19 de octubre.
*edición impresa 24 Horas
caem