Agentes de la Guardia Civil española entraron hoy por orden judicial en la sede de la comisaría central de la policía regional catalana en la ciudad de Lérida para buscar información sobre el papel de este cuerpo durante el referéndum soberanista ilegal del pasado 1 de octubre.
Ese día, los Mossos d’Esquadra (policía regional) tenían la responsabilidad de precintar las sedes electorales y requisar las urnas y papeletas que debían ser utilizadas en la consulta en cumplimiento de un mandato judicial, una actuación que ha sido cuestionada.
Los guardias civiles han solicitado las grabaciones de la centralita de comunicaciones en la zona durante el 1 de octubre y otra documentación, informaron a Efe fuentes de la investigación.
La Guardia Civil (cuerpo policial de ámbito estatal) ha acudido a la comisaria de los Mossos de Lérida dos días después de haber entrado en el edificio del servicio de emergencias del Gobierno regional catalán en Reus en busca de las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos.
En este caso acudieron por orden de un juzgado de Tarragona en el marco de una investigación sobre su supuesta pasividad para impedir la votación.
El responsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y una de sus principales lugartenientes, están siendo investigados por la Audiencia Nacional española por un supuesto delito de sedición.
En principio se investiga el acoso que miles de personas hicieron a la comitiva judicial que el 20 de septiembre llevó a cabo un registro de la Consejería de Economía catalana, hasta el punto de que los agentes permanecieron muchas horas en el interior sin poder salir con garantías.
La Guardia Civil, además, ha presentado a la Justicia un informe adicional sobre la actuación de los Mossos el 1 de octubre, y la situación creada en numerosos colegios electorales.
La falta de presencia de los Mossos o la escasa dotación llevaron a pedir la presencia de la Policía española y la Guardia Civil y en varios puntos se registraron cargas policiales contra personas que habían acudido a esos centros para intentar votar en la consulta ilegal. EFE
aarl