El Gobierno de Cataluña descartó ayer convocar a elecciones, como le pide la oposición, antes de que el Ejecutivo español tome la próxima semana el control de las competencias de autogobierno de esa región.

 

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, propuso el sábado el cese del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y de todo su equipo y la convocatoria de elecciones antes de seis meses, entre otras medidas que deberá revisar el Senado el próximo viernes al amparo del artículo 155 de la Constitución.

 

Al respecto, el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, afirmó ayer que “no está sobre la mesa” que el presidente convoque a elecciones autonómicas anticipadas, como le reclaman los opositores conservadores, socialistas y liberales, que apoyan las medidas anunciadas por Rajoy.

 

En respuesta, Puigdemont anunció elmismo sabado que pedirá a la cámara legislativa catalana que celebre un pleno para revisar la situación.

 

Según apuntó ayer Turull, el pleno Parlamento catalán adoptará una decisión respetuosa con el resultado del referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre -declarado inconstitucional por el Tribunal- y en defensa de las instituciones catalanas.

 

De acuerdo con datos del Gobierno catalán no respaldados por órganos electorales nacionales, el 90% de los votantes de esa consulta respaldaron la independencia de Cataluña para ser una república.

 

La Junta de Portavoces del Parlamento regional fijará hoy la fecha de ese pleno, en el que podría decidirse una declaración unilateral de independencia promovida por los partidos separatistas catalanes.

 

Ese pleno podría convocarse para el 27 de octubre, el mismo día en que el Senado español votará la propuesta de medidas del Consejo de Ministros para frenar el proceso secesionista catalán, según fuentes parlamentarias.

 

“Cataluña será lo que decida el Parlamento, el representante legítimo de los ciudadanos (catalanes), no lo que decidan otros”, enfatizó Turull, quien acusó al Ejecutivo español de “un golpe de Estado a instituciones democráticamente escogidas”.

 

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, consideró sin embargo que “un golpe de Estado es lo que han hecho Puigdemont y su Gobierno. Lo que nosotros (el Gobierno español) estamos haciendo es seguir estrictamente las cláusulas de nuestra Constitución”.

 

En Madrid, el líder del opositor Partido Socialista, Pedro Sánchez, que ha apoyado las medidas del Gobierno, aseguró que el problema de Cataluña son “sus malos gobernantes”, pues su forma de hacer política es “la confrontación territorial” y “la ilegalidad”.

 

Argumentó que todas las constituciones europeas tienen cláusulas para hacer frente a estos “embates unilaterales de intentar quebrar la unidad territorial”.

 

El Senado, donde el gobernante PP (conservador) tiene mayoría absoluta, tiene previsto iniciar hoy la revisión de la propuesta enviadas por el Ejecutivo para restaurar la legalidad en Cataluña, a las que el presidente catalán podrá presentar alegaciones.

 

El artículo 155 de la Constitución española establece que, si una autoridad autonómica incumple las leyes sistemáticamente, el Gobierno nacional aprobará medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta.

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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