El viernes pasado, la Procuraduría General de la República anunció que el encargado del despacho Alberto Elías Beltrán había decidido remover de su cargo al ahora ex fiscal de Delitos Electorales, Santiago Nieto.

 

Lo anterior por considerar que transgredió el código de conducta de la PGR al haber presuntamente revelado ante un medio de comunicación los avances de sus investigaciones y haber dicho que se sentía presionado por un escrito que le había enviado el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

 

Esta determinación ha generado una fuerte molestia en diversos sectores políticos y de la sociedad civil, pues pese a que el propio Elías Beltrán trató de explicar en un tuit que lo que trata de hacer es respetar el debido proceso, pareciera que él no lo respetó al menos en el caso del ex fiscal.

 

Y es que en ningún momento nos enteramos de que el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales hubiese iniciado un proceso con los órganos de investigación interna que le permitiera determinar si en realidad hubo declaraciones y hechos que violentaran el debido proceso estrictamente en el caso Odebrecht.

 

Sería bueno preguntarle al encargado de despacho de la PGR si para destituir al fiscal de Delitos Electorales aplicó el artículo 82 de Ley Orgánica de la PGR, que a la letra dice: “Se podrán imponer a los servidores públicos de la PGR, por las faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones disciplinarias previstas en los ordenamientos legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos, mediante el procedimiento que en los mismos se establezcan. En los casos en que el órgano interno de control determine las sanciones de destitución o inhabilitación, se entenderá que conllevan la cancelación de la certificación.

 

Esta destitución pareciera más que un castigo al fiscal, un apoyo a los funcionarios involucrados en el caso Odebrecht, un caso que desde inicios de la semana pasada, se aseguró, ya estaba concluido al menos en la investigación que lleva estrictamente la PGR.

 

Se dijo que el caso estaba por judicializarse y que no habría impunidad, pero lamentablemente los mensajes parecieran todo lo contrario. El caso Odebrecht en otros países ya ha tenido resultados, pero en México pareciera que este caso es un secreto de Estado y a la fecha no se ha dado la más mínima transparencia. Sabemos que se tiene que cuidar el debido proceso, pero la falta de confianza en las instituciones ha generado gran inconformidad, pues nos acostumbran a la impunidad.

 

En este contexto será interesante saber si la mayoría de senadores deciden ratificarlo en su cargo, lo que significaría un fuerte revés a la decisión de Elías Beltrán. Al mismo tiempo resulta interesante el comunicado dado a conocer ayer por el abogado de Emilio Lozoya, el cual detalla su intención de conocer desde hace semanas la carpeta de investigación que la Fiscalía Electoral integraba contra su cliente.

 

Al final de su comunicado el abogado señala: “Es claro, preciso y contundente que existen violaciones a los derechos humanos de mi poderdante señor EMILIO LOZOYA con la forma en que se condujo SANTIAGO NIETO. Se invita al jurista de mérito que acepte los errores cometidos en su afán protagónico de querer atraer reflectores”.

 

Twitter: @osdtagle

 

 

 

caem