Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó dos denuncias penales contra Santiago Nieto, quien fue destituido el viernes pasado como ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Javier Coello Trejo, representante legal de Lozoya, dijo que una denuncia fue entregada a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de Procuraduría General de la República (PGR), por uso indebido del servicio público, luego de que el ex funcionario reveló, supuestamente, información de una carpeta de investigación.
El miércoles, el diario Reforma dio a conocer que Lozoya le envió una carta a Nieto para evitar que se le inculpara en el desvío de recursos al PRI durante la campaña presidencial de 2012 sobre el caso de la empresa brasileña Odebrecht.
En tanto, Nieto aseguró, en una entrevista con el periodista Carlos Loret, que no violó código de ética alguno, como argumentó la PGR para destituirlo (acusó que transgredió el Código de Conducta de la institución); “no dije que Lozoya había enviado una carta”.
Señaló que la entrevista con el diario no correspondía textualmente con lo que había dicho, por lo que le pidió a un colaborador que acudiera a hacer la aclaración correspondiente.
Destacó que su cese lo ordenó Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, sin tener las facultades para ello.
El defensor comentó que la otra denuncia se interpuso ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, por la presunta omisión del ex fiscal Nieto Castillo para citar a su cliente y conocer sobre las acusaciones que se le siguen sobre supuestos sobornos recibidos de Odebrecht.
Hoy el ex director de Pemex acudiría a declarar ante la Fepade por las presuntas aportaciones y sobornos a Odebrecht.
Nuevos hallazgos, por Odebrecht: SFP
La secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, informó que en el caso de la empresa brasileña Odebrecht, vinculada con presuntos actos de corrupción y sobornos, “se han detectado nuevos hallazgos que dará lugar al inicio de nuevos procedimientos”.
Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, explicó que a partir de que se tuvo conocimiento del “caso que ha indignado y cuestionado el trabajo del gobierno” ordenó una investigación y una auditoría transversal en todas las dependencias de la administración pública federal.
Detalló que resultado de ese trabajo “exhaustivo”, en este momento se tienen iniciados ocho procedimientos administrativos sancionatorios respecto de los cuales, en tres de ellos, la SFP estaba lista para emitir las resoluciones correspondientes.
Sin embargo, la semana pasada el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva para que dichas resoluciones no sean emitidas.
“Si bien esta resolución no prejuzga sobre el fondo del asunto, la Secretaría de la Función Pública usará los medios legales a su alcance para evitar que este pronunciamiento impida llegar a las últimas consecuencias del caso”.
Con información de Karina Aguilar
*edición impresa 24 Horas
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