Seguramente cuando leas este artículo, querido lector, ya sabremos si estamos ante una Cataluña independiente o ante la presión de un artículo de la Constitución con el fin de controlar a Cataluña para que vuelva a la legalidad; un artículo que puede ser una bomba. También podríamos estar ante el adelanto de unas elecciones autonómicas, lo que anularía este artículo y, por lo tanto, la intervención del Gobierno Central para que Cataluña vuelva a la legalidad constitucional.
El peor de los escenarios es el de una Cataluña independiente y, por lo tanto, ilegal. Sería ilegal porque habría vulnerado la Constitución española. Europa tampoco lo reconocería y tendría que salirse de la Unión Europea y del euro. Para ingresar de nuevo en el grupo europeo tendría que volver a solicitarlo.
Pero, además, tampoco podría separarse porque para hacerlo sería necesario un referéndum avalado por la Constitución. Ese teatro que hicieron el 1 de octubre no fue un referéndum. Se trató de una especie de circo en el que muchos votaron varias veces o llevaron a los colegios electorales urnas llenas de boletas y un largo rosario, vamos a decir, de situaciones poco ortodoxas. Para que se celebre un referéndum, para saber si la ciudadanía catalana quiere separarse de España, es imprescindible modificar la Constitución. Una vez modificada, entonces podrían hacerse tantos plebiscitos como se quieran.
En este punto, si el gobierno del presidente Mariano Rajoy implementa el artículo 155, interviniendo la gestión del Ejecutivo catalán e inhabilitando al presidente Puigdemont y al resto de sus consejeros, podría ser una bomba para la mitad de la ciudadanía catalana que se siente independentista. No aceptan ni aceptarían que el Gobierno Central fuera el que se ocupara de la gestión de Cataluña. No lo entenderían porque, para ellos, con ideas y sentimientos independentistas, sería un agravio, una afrenta.
La política y la judicatura pasan siempre por la razón. Los sentimientos -nacionalistas o independentistas en este caso- salen del corazón. Y sobre el corazón no se puede mandar. Por eso la puesta en marcha del artículo 155 podría provocar serios problemas sociales.
La deriva independentista está generando zozobra y alerta. Desde el 1 de octubre pasado hasta la fecha, más de mil 700 empresas catalanas se han marchado a otros puntos de España. Ante la inestabilidad jurídica prefieren marcharse, y esto provoca un efecto que hace que los mercados no se fíen de Cataluña.
Los inversionistas rehúyen dejar su dinero en esta rica región que cada día se empobrece más. Los hoteles, restaurantes y centros de ocio están empezando a despedir a sus trabajadores. Esa Cataluña turística tiene cancelaciones en sus hoteles del orden de 20% desde que comenzó toda esta pesadilla. Y así podríamos ir concatenando hasta llegar a la ruina.
Si esta inseguridad se prolonga en el tiempo, en menos de tres años, Cataluña puede llegar a la quiebra; y no sólo Cataluña. Podría arrastrar al resto del Estado Español.
Muchos analistas económicos hablan de que el mal ya está hecho y pronostican más de 20 años para poder volver a volar. Eso siempre que la sangría se pare ahí. Si se declara una independencia ilegal que nadie reconocería, sería mucho peor.