MADRID.- La Fiscalía General de España presentó una querella contra el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y todo su gabinete, y también contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros diputados regionales por rebelión, sedición y malversación por impulsar un proceso independentista.
El Ministerio Público solicitó una fianza conjunta de 6.2 millones de euros (cerca de 7.2 millones de dólares) para todos los querellados y, en su caso, “embargo de bienes” por sus posibles “responsabilidades pecuniarias”.
El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ordenó el viernes pasado el cese de Puigdemont y todo su equipo de gobierno, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución.
La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un “Estado independiente en forma de república”.
En ambos casos, la Fiscalía demanda que los querellados sean citados urgentemente a declarar con vistas a una “eventual solicitud de medidas cautelares”. En caso de no comparecer, se pide la detención “inmediata”.
Según confirmaron fuentes del Gobierno español, Puigdemont se encuentra en Bruselas, aunque no explicaron los motivos del viaje, en el que iba acompañado por cinco de sus consejeros, y donde tienen previsto solicitar “asilo” político, según fuente independentistas.
En una comparecencia ante la prensa, el fiscal general español, José Manuel Maza, explicó que la querella contra los anteriores gobernantes catalanes se tramitará en la Audiencia Nacional porque ninguno de ellos dispone ya de fuero jurídico especial tras haber sido destituidos.
Los miembros de la Mesa del Parlamento regional deberán responder ante el Tribunal Supremo, añadió Maza, pues sí cuentan con ese fuero como parlamentarios.
El fiscal general responsabiliza a los anteriores miembros del gobierno catalán de decisiones y actos que han producido una “crisis institucional” que culminó con la “declaración unilateral de independencia” por parte del Parlamento catalán con un “total desprecio” a la Constitución española.
En el caso de la presidenta y el resto de miembros de la Mesa del Parlamento, Maza argumentó que permitieron la tramitación, debate y votación de la resolución sobre la independencia, así como las leyes previas del referéndum de autodeterminación y de “fundación” de la “república” catalana.
La Fiscalía responsabiliza tanto a los ex gobernantes como a la Mesa de alentar “una insurrección” y “un levantamiento violento” popular para celebrar ese referéndum ilegal el 1 de octubre pasado -declarado inconstitucional- y consagrar la independencia. Y los acusa así de un delito de rebelión “o cuanto menos de sedición”
La Fiscalía también los acusa de malversación por el “uso ilegal de fondos públicos” para permitir el referéndum.
Normalidad en Cataluña
El Parlamento catalán, los partidos políticos y los empleados públicos asumieron ayer con normalidad la nueva situación en Cataluña, después de que el Gobierno español cesara al Ejecutivo regional y disolviera su Parlamento para restaurar la legalidad.
la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, retiró la convocatoria prevista para la reunión de la Mesa (órgano de gobierno de la Cámara), al considerar que queda “sin efectos” tras su disolución anunciada el viernes por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
*edición impresa 24 Horas
caem