Las cajas de seguridad aseguradas a la empresa First National Security, ubicada en Cancún, Quintana Roo, ya habrían sido abiertas sin las llaves y sin notificarles a los usuarios de las mismas, luego de que, el nueve de octubre pasado, elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), junto con la Policía Federal y la Secretaría de Marina, ingresaron a la empresa como parte de la investigación en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, detenido en Panamá y en espera de su extradición.
Uno de los clientes, Sergio Esquivel, comentó que las autoridades entraron al lugar pero no a la bóveda.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el hombre manifestó que uno de los supervisores del operativo les confirmó que las más de mil 500 cajas que estaban bajo el resguardo de la compañía ya fueron abiertas, sin las llaves y sin notificarle a los dueños de las mismas.
Otro afectado quien no quiso dar su nombre confirmó que desde el nueve de octubre las oficinas de First National Security fueron intervenidas por la SEIDO.
“Sabemos que este cateo es por una investigación sobre recursos del ex gobernador Borge y de Doña Lety (Leticia Rodríguez Lara, o La 40, identificada como líder de un cártel de Cancún, quien realizaba actividades ilícitas en diferentes municipios de la Riviera Maya y se encuentra detenida) supuestamente ellos tiene aquí cosas de valor”, relató el hombre.
Explicó que para tener los objetos se tiene que hacer un depósito de mil pesos más la renta, “depende de las cosas de valor que dejes”.
En tanto la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el contenido de dichas cajas es abierto en el lugar, y que el contenido es revisado para saber si se encuentran indicios asociados a ilícitos penales: “Una vez que se dé por concluido el análisis, se determinará lo correspondiente sobre el destino de los objetos”.
La dependencia indicó que todos aquellos bienes que no guarden relación con los hechos de la investigación serán devueltos a la brevedad posible a quien acredite su interés jurídico.
“La diligencia se realiza con todas las formalidades de ley, en estricto apego a derecho y en cumplimiento a la orden dictada por la autoridad judicial”, resaltó la Procuraduría en un comunicado.
Por otra parte el pleno de la Cámara de Diputados solicitó a la PGR un informe sobre las medidas que impuso a la compañía.
“Se exhorta a la Procuraduría a informar sobre las medidas impuestas ante la persona moral First National Security, desde el pasado 9 de octubre de 2017, en la que se expongan detalladamente las acciones realizadas, así como su motivación y fundamentación”, refiere el punto de acuerdo.
También llamó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a instituir las acciones idóneas para la protección de los derechos humanos a los clientes que no han podido acceder a sus bienes.
*edición impresa 24 Horas