La Auditoria Superior de la Federación dio a conocer, en su informe 2016, que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México SA de CV adjudicó a un proveedor que, en un primer procedimiento, ocupó el cuarto lugar entre las propuestas (con una cotización 61.4% más cara que la de menor costo ofrecida por otra empresa), el contrato para la construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del Nuevo Aeropuerto, que estará ubicado en, Texcoco, Estado de México.
El costo total de esa cimentación ascendería a siete mil 555 millones 647 mil pesos. A diciembre 2016 se habían erogado cinco millones 538 mil pesos y el proyecto tiene como fecha de término junio de 2018.
Además, no se firmó el contrato plurianual de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, por lo tanto, los trabajos no iniciaron en la fecha pactada. También se pagaron seis millones 193 mil pesos en seis conceptos referentes a la conformación de tezontle con precios unitarios fuera de mercado.
Asimismo, existe una carencia de la evidencia de la prestación de los servicios contratados, por 269 millones 617 mil pesos, en las erogaciones para el desarrollo del NAICM.
Por otra parte, también informó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno de la Ciudad de México realizaron, durante 2016, pagos indebidos por un monto de mil 775 millones 319 mil pesos, en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca.
De acuerdo con el Informe dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tanto la SCT como el gobierno capitalino, registraron una diferencia entre los volúmenes pagados y los cuantificados en el proyecto; además, no se comprobó que los recursos ministrados que no fueron gastados, hayan sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.
En el mismo proyecto, se determinaron importes por aclarar de mil 102 millones 291 mil pesos por la falta de liberación del derecho de vía.
Estados en la mira
En cuanto a las entidades, la ASF determinó, en su informe sobre Participaciones Federales a Entidades Federativas 2016, que el Gobierno de Quintana Roo incurrió, durante la administración de Roberto Borge (actualmente detenido en Panamá con fines de extradición), por sueldos pagados con irregularidades (entre otras razones), lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de dos mil 062 millones 327 mil pesos.
Mientras que el Gobierno de Nayarit, bajo la administración de Roberto Sandoval, generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 293 millones 41 mil pesos, debido a que no entregó recursos destinados a municipios, entre otras cosas.
*edición impresa 24 Horas
caem