La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño a la Hacienda Pública en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por 54.1 millones de pesos.

 

Los conceptos de irregularidades son por pagos de arrendamiento de automóviles, erogación por servicios profesionales prestados por universidad y por el  depósito de la Pensión de Adultos Mayores a beneficiarios ya fallecidos.

 

Este diario pidió una postura a la Secretaría de Desarrollo Social sobre las observaciones de la Auditoría, correspondientes al segundo Informe parcial de la Cuenta Pública 2016. Hasta el cierre de esta edición, la dependencia no había emitido ningún comentario.

 

En una de sus revisiones, detectó un daño al erario por 23.5 millones de pesos, “por realizar pagos de apoyos a ocho mil 635 beneficiarios del Programa de Pensión de Adultos Mayores con fechas posteriores a la defunción de los mismos, según el Registro Nacional de Población e Identificación Nacional”.

 

El presupuesto asignado para ese rubro fue de 39 mil 486 millones de pesos, por lo que este daño por 23.5 millones significó una afectación de 0.07% del total de los recurso destinados para ese rubro.

 

La ASF recomienda a la dependencia dirigida por Luis Miranda, “establecer mecanismos de control y seguimiento que aseguren que antes y después de la incorporación de beneficiarios al Programa de Pensión de Adultos Mayores, se realicen compulsas periódicas, por lo menos dos veces al año, para identificar a beneficiarios fallecidos”.

 

Incluso, la Auditoría pide iniciar las gestiones en el Órgano Interno de la Sedesol, “por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no realizaron acciones para afectuar la confronta del Padrón de Beneficiarios” con los registros de personas fallecidas.

 

En otra auditoría, la ASF descubrió un presunto daño al erario por 30.6 millones de pesos, por deficiencias en el arrendamiento de vehículos terrestres y por convenios de pagos de servicios profesionales con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), sin que se acreditara que ambos servicios fueron recibidos por la Sedesol.

 

“En términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”,  con observaciones en el pago de servicios contratados a universidades así como en el arrendamiento de vehículos.

 

 

 

*edición impresa 24 Horas

 

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