MADRID.- El cesado presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, confirmó ayer que no acudiría a la cita con la Justicia española para declarar por la querella de la Fiscalía, que le acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación.
Las mismas acusaciones pesan para el resto de exintegrantes de ese Gobierno regional, cuatro de los cuales tampoco están dispuestos a acudir a la Audiencia Nacional de España, mientras que los seis integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico reclamados sí comparecerán por su parte en el Tribunal Supremo, por una querella en los mismos términos.
Puigdemont, que está en Bruselas junto a varios de sus ex consejeros regionales, emitió un comunicado en el que se presenta como el presidente del “Gobierno legítimo” de la comunidad autónoma de Cataluña, a la vez que considera que afrontan un “juicio político” en la Audiencia Nacional de España.
El 27 de octubre el Parlamento regional aprobó una declaración de independencia ilegal, tras un voto en secreto, con el hemiciclo semivacío por ausencia de la oposición y sin alcanzar la mayoría de dos tercios que exige el reglamento de esa cámara.
Ese mismo día y previa autorización del Senado, el Ejecutivo español cesó a los gobernantes catalanes, disolvió la Cámara autonómica y convocó elecciones en esa comunidad para el 21 de diciembre.
La Fiscalía General del Estado presentó el lunes pasado querellas contra esos líderes secesionistas y una jueza de la Audiencia Nacional convocó para este jueves a los integrantes del “Govern” y otro del Supremo a los de la Mesa del Parlamento, ya que éstos últimos gozan de un tipo de fuero especial por ser todavía diputados.
Entre los catorce miembros del destituido Gobierno catalán Puigdemont (PDeCAT, centroderecha independentista) y cuatro ex consejeros segían ayer en Bruselas, adonde viajaron el lunes, y no se presentarán ante la jueza Carmen Lamela, que instruye la causa, y que podría decidir enviar una orden europea de detención a la justicia belga contra Puigdemont.
El abogado belga del expresidente regional catalán, Paul Bekaert, ha planteado que su cliente declare en Bélgica, por considerar que en España carece de “garantías jurídicas”, motivo por el que no se presentará mañana en Madrid.
El expresidente catalán indicó en su comunicado que ni él ni sus consejeros “que se quedan en Bruselas contemplan eludir la justicia, sino que justamente la reclaman, y responderán a las citaciones (…) de acuerdo con los mecanismos que ya están previstos en la Unión Europea (UE) en estas circunstancias”.
Mientras, el ex vicepresidente Oriol Junqueras (ERC, izquierda republicana independentista) y el resto de los ex consejeros recibieron ayer las citaciones judiciales.
Para todos ellos la Fiscalía baraja pedir prisión incondicional ante el riesgo de fuga, dada la gravedad de las penas (hasta 30 años de cárcel por rebelión), y de reiteración delictiva.
Critican al independentista
La actitud de Calres Puigdemont, que el martes pasado compareció ante la prensa internacional en Bruselas, fue criticada ayer por los principales partidos españoles.
El portavoz del gobernante PP (centroderecha) en el Senado, José Manuel Barreiro, dijo que el político catalán “tiene que dejar de mentir ya a la sociedad” porque “bastante daño ha hecho creando una situación de crispación, de enfrentamientos”.
El portavoz de la Ejecutiva del PSOE (socialistas), Óscar Puente, le pidió que “deje de dar ya este espectáculo” que daña “innecesariamente a la imagen de España, un país que respeta los derechos humanos” y que tiene “separación de poderes”.
Además, la portavoz de Cataluña en Común (izquierda), Elisenda Alamany, criticó en una radio local las “idas y venidas” de Puigdemont, que calificó de “incomprensibles”, a la vez que lamentó que no es la imagen que se merece Cataluña en el mundo.
*edición impresa 24 Horas
caem