Buenos Aires. – Amado Boudou, quien fuera ministro de Economía y vicepresidente de Argentina en los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), fue detenido hoy por presunta asociación ilícita y maniobras de lavado de dinero que según la Justicia permitieron agrandar su patrimonio de forma injustificada.
El economista, de 54 años, fue arrestado, en pijama y descalzo, a primera hora de la mañana en su apartamento de Buenos Aires, y seguidamente, previo paso por una sede policial, fue trasladado a los tribunales para prestar declaración.
Ante el juez federal, Ariel Lijo, quien ordenó el operativo por una presunta obstaculización del caso, Boudou remarcó que su detención es “arbitraria”, acusó al magistrado de “imparcial” y solicitó su excarcelación, informaron fuentes jurídicas.
En el expediente por el que se ha detenido a Boudou se le acusa de ser el jefe de una asociación ilícita creada para delitos de lavado de activos, cometido supuestamente en tres oportunidades sirviéndose en una de ellas, según la causa, de un blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno kirchnerista en 2009.
Al poco tiempo de conocerse la noticia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la detención fue una decisión “netamente judicial” y desligó al Ejecutivo de cualquier influencia en el caso.
“Hemos tenido una orden de Lijo de una decisión de detención, y la Prefectura Naval (cuerpo policial que depende del Gobierno) lo llevó adelante”, concretó la ministra.
Sin embargo, el peronismo kirchnerista, que desde que en diciembre de 2015 perdió la Presidencia del país tras la victoria de Mauricio Macri y ha visto pasear por los tribunales por supuesta corrupción a multitud de sus integrantes, reitera que el Gobierno utiliza el Poder Judicial para “perseguir” a opositores.
“Atemorizar a los dirigentes de la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del ajuste (económico) que se busca implementar”, expresó la coalición kirchnerista Unidad Ciudadana, liderada por la expresidenta, recién elegida senadora.
La formación política alerta además de la “delicada situación” que atraviesa la democracia argentina, donde dicen “se ha terminado” el Estado de Derecho y la división de poderes.
Este nuevo golpe al kirchnerismo llega una semana después de que Julio De Vido, el ministro con más poder de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández, fuera detenido por similares delitos, y luego de que el 22 de octubre el oficialista frente Cambiemos obtuviera una rotunda victoria en las elecciones legislativas.
“Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia en todo el país”, polemizó hoy el dirigente político de ese sector Luis D’Elía, quien calificó de “héroe nacional” y “prócer” a Boudou.
En el caso que ha llevado a Boudou y a su socio y supuesto testaferro José María Núñez Carmona a la detención, Lijo le acusa del supuesto lavado de activos por 4.238.900 pesos (240.246 dólares) y 995.000 dólares.
La investigación apunta a que fue Núñez Carmona quien se acogió a ese régimen de regularización impositiva e ingresó al circuito legal esas cantidades de dinero, ya que Boudou, por su condición de funcionario público, no podía acogerse al mismo.
También se detectó la compra con fondos sin justificar de un departamento de Agustina Kampfer, exnovia del economista, por 120.000 dólares y 80.000 dólares de su patrimonio cuyo origen tampoco encuentra explicación.
El exvicepresidente está afectado por otras causas, la más conocida es en la que se busca aclarar si adquirió una imprenta de papel moneda en 2010 a través de un testaferro y si participó en gestiones irregulares en el marco de ese proceso.
En 2016 ya fue sobreseído en un caso por supuesta falsedad en documentos y el pasado julio corrió la misma suerte en el primer juicio oral al que se enfrentó, por presunto falseamiento de documentos para la venta de un vehículo.
También se abrió el juicio oral de otro caso en el que se le investiga por presuntas irregularidades en la compra en 2009 de 19 automóviles de alta gama destinados al Ministerio económico.
Esta situación pone en el punto de mira al resto de investigados en el kirchnerismo, en especial a la expresidenta, procesada en tres casos, dos de ellos por presunta corrupción, y acusada por la Fiscalía en otras tantas.
Con su llegada al Senado el próximo diciembre, Fernández contará con fueros que le darán inmunidad de arresto, aunque una eventual orden judicial pidiendo su desafuero y arresto podría generar, como ya ocurrió con De Vido, a quien la Cámara de Diputados despojó de sus privilegios, un debate que podría perjudicarla.
ERM